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El Decreto Nº 6140, del 27 de octubre último, desencadenó en el paro de actividades de las fraccionadoras privadas a partir del lunes porque dicho documento les prohibía la recarga de gas en las garrafas que no se encontraban rehabilitadas o empadronadas. Sin embargo, las empresas alegan que esta situación no depende de ellas sino de la única firma habilitada para realizar ese trabajo (rehabilitar), y que no da abasto.
Cerca del mediodía de ayer, el Gobierno revirtió la disposición y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) emitió una nueva resolución, que concede un plazo de 180 días para el empadronamiento de las garrafas, lo que inyectó cierta dosis de tranquilidad al ya largo enfrentamiento entre el Gobierno y sector privado de combustibles.
Esta crisis empezó por el malestar que generaron varios decretos promulgados “a medida” de Petropar durante este gobierno y que le otorga ventajas al ente estatal frente a sus competidoras, pero por la fuerza coercitiva de esas disposiciones.
Según Guillermo Parra, vocero de la Unión de Gremios del sector combustible, el trasfondo del nuevo decreto (Nº 6140) es eliminar los artículos de las normas legales vigentes que le frenan a Petropar para operar plenamente en el rubro. “El decreto pretende concederle a Petropar la libertad de poder cargar en garrafas de cualquier emblema, pero esa libertad realmente no existe, porque está vigente la Ley de Marcas, que prohíbe el llenado de envases con sellos de otros marcas, por una cuestión de responsabilidad civil. Y con este nuevo decreto se viola esta Ley Nº 1294/98 de Marcas, y por prelación, una ley está por encima de un decreto”, explicó.
Lamentó que sea el propio Gobierno el que autorice al ente estatal a violar las normas legales vigentes, porque les permite a las estaciones de servicio de Petropar que recarguen gas en las garrafas pertenecientes a cualquier fraccionadora, y eso viola la Ley de Marcas. Esta, en su Art. 84, inciso d, dice que no se puede rellenar o reutilizar con fines comerciales envases, envolturas, o embalajes que llevan la marca o el nombre comercial, porque existe una responsabilidad civil inherente al envase con el sello del emblema impregnado en el cilindro. Parra explicó, que aunque cada garrafa es propiedad de la persona que la tenga en posesión, eso no le exime de responsabilidad civil al emblema cuyo sello se encuentre en el envase, en el caso de que reviente la garrafa.
Cabe recordar que Petropar tuvo que cancelar la licitación de compra de garrafas tailandesas cuando se ventiló un intento de sobrefacturación de US$ 5 millones.