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La documentación hace referencia a una “escritura de transcripción de la Ley 4732/12 y Transferencia del Inmueble que otorga el Gobierno de la República de Italia a favor del Estado Paraguayo - Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert)”.
La mencionada ley es el tratado internacional por medio del cual Italia había donado la finca Nº 231 Padrón Nº 682 al Estado paraguayo, para ocupantes de hecho sujetos de la reforma agraria. El acuerdo bilateral hace expresa referencia a números de finca y padrón, bajo los cuales desde hace décadas está registrada la superficie del inmueble, de 17.343 Ha., y también menciona a los donatarios específicos, que son los campesinos que viven en el lugar. Sin embargo, en esta transferencia que firmó Cárdenas, hicieron figurar un padrón diferente con una superficie menor, 14.090 Ha., restando el área ocupada por ganaderos sin título sobre la colonia.
Según los datos, Cárdenas no transfirió el título del Gobierno de Italia sino que transcribió el acuerdo internacional, obviando la parte donde figuraba el padrón donado y los donatarios y encima, sin la firma del donante (un representante del Gobierno de Italia).
Nuestro diario se comunicó ayer con la escribana mayor de Gobierno, Marta Narvaja, para consultarle sobre esta operación, pues ella misma realizó la transferencia, a los efectos de inscribir la propiedad en los Registros Públicos. Respondió que no era necesario realizar una transferencia por escritura pública porque la donación y aceptación del inmueble donado se hizo por convenio entre ambos países, lo cual se aprobó por ley y está en plena vigencia.
“Lo correcto es entonces transcribir en escritura pública el convenio, que consta en la ley de aprobación, e inscribir, que es lo que se hizo. Se transcribió además la mensura judicial del inmueble donado, aprobada por sentencia judicial firme y ejecutoriada”, agregó.
La escribana hizo referencia a una cuestionada mensura que había hecho el Indert en la administración de Luis Ortigoza, que los campesinos llaman la “mensura de la vergüenza”, porque arroja datos irreales y además, según denuncian, viola leyes y el tratado internacional de referencia.