Nueva tarifa eléctrica impacta con US$ 3 millones en nueve aceiteras

La nueva tarifa de electricidad implementada desde principios de marzo de este año por parte de la ANDE tendrá un impacto económico importante en los presupuestos de las industrias aceiteras este año, en cifras que se estiman en unos US$ 3 millones para un total de nueve fábricas, según Juan Tizado, el nuevo presidente de Cappro, principal gremio del sector.

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El brusco aumento de la tarifa de electricidad ya está afectando a las industrias aceiteras, las cuales se ven obligadas a hacer ajustes en sus presupuestos, señaló el presidente de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), Juan Tizado, en el marco de una reunión de prensa realizado en su local.

“La posición de Cappro en relación al aumento de la tarifa de la ANDE es que no estamos en contra sino que cuestionamos la forma que se dio. Hubiésemos querido que sea implementado en forma gradual, porque los incrementos, que en algunos casos superan el 100%, tienen gran impacto sobre los presupuestos de las fábricas”, expresó.

Añadió que aunque no tienen aún un estudio definitivo sobre el impacto, en forma preliminar estiman que los ajustes elevarán en US$ 3 millones los costos en las nueve industrias que son socias de Cappro.

Con relación a otro tema que hace al sector, manifestó que las procesadoras de oleaginosas y granos enfrentan el desafío de aumentar el porcentaje de industrialización de la soja en el país, argumentando que en los últimos años se observó el crecimiento del volumen de cosecha con zafras récord, de entre 9 millones y 10 millones de toneladas, pero que el volumen procesado se mantiene igual, lo que en términos porcentuales representa una disminución de la participación considerando el volumen de cosecha.

Por su parte, la gerente de Cappro, Sandra Noguera, mencionó durante la reunión que los proyectos de inversión en el rubro de procesamiento de la soja y granos están paralizados desde el 2013. Hasta entonces había sido muy importante, de unos US$ 500 millones.

“Lo que desalentó las nuevas inversiones para nuevas fábricas o aumentos de la capacidades instaladas fue el Decreto 1029/13, que hizo una interpretación arbitraria de lo que es la industria aceitera, diciendo que implementa procesos básicos e incipientes, y eso limitó la posibilidad del recupero del IVA al 50%, en contra de lo que dice la ley”, se quejó.

El Decreto 1029/13 clasifica a las aceiteras dentro del grupo de las industrias que producen “bienes agropecuarios en estado natural y sus derivados sometidos a procesos de transformación básicos, primarios o incipientes que no los convierten en productos acabados para consumo final, es decir, que no puedan ser aprovechados o utilizados por el consumidor o usuario final”.

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