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Una nueva resolución emitida por el Instituto Forestal Nacional (Infona), la N° 195/17 de fecha 3 de noviembre, confirma el abuso de poder cometido por el Gobierno, cuando emitió el Decreto 7702/17, que es una distorsión de la Ley Forestal 422/73, porque facilita la degradación ambiental, según explicaciones de Lucy Aquino, de WWF, y Ezequiel Santagada, de IDEA.
El polémico Decreto 7702/17, en su Art. 5, dice: “A partir de la vigencia del presente decreto, los que realicen habilitaciones (deforestación) en las propiedades rurales identificadas como áreas de reserva legal de bosques naturales sin autorización correspondiente, se encuentran obligados a reforestar restaurando la totalidad de la superficie habilitada o adquiriendo certificados de Servicios Ambientales hasta el equivalente a su obligación (25%) mediante régimen establecido en la Ley Nº 3001/06 y sus reglamentaciones”.
Según las ONG ambientalistas, con la nueva norma N° 195/17 del Infona, se establece el mapa y la zonificación que permite aplicar dicho decreto, en contra la Ley 422/73.
Al respecto, Lucy Aquino, directora y representante del Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund, en inglés WWF), declaró: “No estamos de acuerdo con el nuevo reglamento que implementa el Decreto 7702, porque distorsiona la finalidad misma de la Ley 422/73 ”. Seguirá la recolección de firmas a través del sitio web wwf.org.py como parte de la campaña #YoVotoPorLosBosques que pide la derogación del Decreto N° 7702/17 y la apertura al diálogo de todos los sectores.
Por su parte, Ezequiel Santagada, de la organización ambientalista IDEA, aseveró que en la Ley 422/73 no hay margen para interpretar que el Decreto 7702/17 pueda permitir compensar la deforestación actual o futura con certificados de servicios ambientales.
El artículo 12, segundo párrafo, de la Ley 3001/06, se pronuncia “en pretérito”. Es decir, que la Ley 3001/06 solo permite la compensación por incumplimiento por deforestación anterior a la Ley 3001, no la futura, como habilitan el Decreto 7702/17 y la Resolución 195/17.