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El hecho ya fue comunicado a las instituciones correspondientes que deberán tomar alguna determinación para desalojar a los ocupantes ilegales. El dueño del terreno manifestó que se siente indignado por la actitud de estas familias que viene reclamando hace más de un año la propiedad en cuestión.
Treinta días atrás, una comitiva fiscal-policial había procedido al desalojo y a la destrucción de las casas que habían levantado los integrantes de la organización autodenominada de sintierras. Tras esta intervención, los integrantes se dispersaron por un tiempo, pero venían lanzando constantes amenazas con que iban a regresar al lugar, con el argumento de que dicha tierra pertenece al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
De Gásperi expresó que ya no sabe cómo hacerle entender a esta gente que el título de propiedad con que cuenta demuestra que la fracción le corresponde legalmente y que no hay motivo de discusión. Sin embargo, los campesinos se encaprichan sin ningún argumento valedero con la intención de despojarlo de su inmueble, declaró.
Aseveró que, en realidad, se siente bastante cansado ante el acoso continuo de la organización campesina.
“No puedo negar que la situación me tiene muy mal en todos los aspectos, no puedo trabajar tranquilo porque no me dejan hacerlo, solicito a las autoridades del Gobierno para hacer algo sobre el caso y brindarme la seguridad que necesito para seguir produciendo en mi propiedad y dando trabajo a muchas familias”, indicó bastante preocupado el denunciante.
Ángel Benítez, uno de los integrantes de la nucleación de labriegos, con quien pudimos conversar a través de una comunicación telefónica, manifestó que ellos se mantienen en que la parte ocupada por las familias campesinas corresponde al Indert, por lo que no piensan desistir de sus luchas.
Por otro lado, consultado, uno de los fiscales de la causa, Diosnel Giménez, dijo que aguardan informe policial.