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Según el reporte del Ministerio Público, el reclamo afecta al actual director interino de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ing. Ángel María Recalde, así como a los expresidentes de la República Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo, además del exministro Efraín Alegre y el Ing. Ricardo Canese, quien formó parte de la comisión negociadora que planteó la Nota Reversal de 1992, cuyos términos se siguen aplicando a la fecha para determinar la tarifa de la EBY.
La denuncia menciona un informe de la Contraloría General de la República que declara ilegal el Plan de Terminación de Yacyretá (PTY), creado por un decreto bajo la presidencia de Duarte Frutos y que fuera ejecutado bajo el mandato de Lugo.
Actualmente, una denuncia similar se tramita en la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público. La misma fue presentada por el abogado Fidel Walter Cardozo y la señora Marta Coronel viuda de Cartes, integrantes de la Comisión para el Cumplimiento del Tratado de Yacyretá.
Se trata de la causa Nº 103/2015, a cargo de la fiscala especializada en Delitos Económicos María Victoria Acuña. Según la denuncia, se han consumado violaciones del Tratado de Yacyretá a través de la Nota Reversal de 1992 (NR 92), relativa a la tarifa y financiamiento del proyecto Yacyretá.
Esta tarifa a ser pagada por toda la energía posible de generar con el caudal hídrico aportado por el embalse hasta el año 2048 o más se estableció en 30 US$/MWh, más actualizaciones.
Pese a ser rechazada por Resolución Nº 492/1995 del Senado, ese acuerdo fue aplicado arbitraria e inconstitucionalmente por sucesivas administraciones de la EBY, generando un perjuicio patrimonial sin precedentes al Paraguay.