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El titular de la EBY estuvo en este distrito para la presentación del Acta de Entendimiento y recordó que en 1995 fue la primera vez que se intentó realizar el arreglo; después en 2006 y 2007 y ahora en el 2017, por lo que prácticamente se está repitiendo el proceso de negociación cada diez años. La preocupación es que si se repite la situación, se estaría exponiendo mucho a Yacyretá con la fragilidad que tiene en su aspecto financiero. “Tener que esperar 7 u 8 años, con la suerte de inconsistencia que tiene Yacyretá en su accionar financiero, prácticamente como una empresa en quiebra, es una situación que uno no querría para una empresa donde el país es el copropietario del 50%”, afirmó el director de la entidad.
En cuanto a las críticas que recibieron, señaló que algunas corresponden y otras no; admitiendo que no hay negociaciones perfectas. “Por ejemplo, la crítica de que no se consiguió la libre disponibilidad de la energía; a eso le decimos que ese punto de hecho no se trató porque no está en el Anexo C. Nosotros fuimos constituidos en comisión para la revisión del Anexo C y no para la revisión del tratado. Es un tema que no está prohibido hacerlo, pero no tiene que venir como resultado de esta negociación, se tendría que abrir otras negociaciones y tratar el tema. No se está renunciando a seguir negociando el tratado, pero si vamos a seguir buscando la perfección del 100%, vamos a seguir esperando mucho tiempo más y a lo mejor no se va dar nunca, por eso tomemos esto, que es una suerte de avance para el arreglo de la realidad financiera de la entidad y después vayamos por más”, apuntó.
Intendentes de Misiones apoyan el acuerdo
La Asociación de Intendentes del Departamento de Misiones (Aimi) realizó un pronunciamiento en favor del Acta de Acuerdo sobre Yacyretá e insta a que sea aprobada por el Congreso. El comunicado, firmado por los administradores de los distritos de Villa Florida, Michel Flores (ANR) y Carlos Duarte (ANR), considera “transcendental” el documento y destaca que se han dejado atrás más de 25 años de incapacidad y falta de gestión, que han perjudicado a los distritos afectados.