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–¿Se puede decir que este camino no representa un peligro para el país?
–El Ciadi no es un peligro en la medida que el país haga bien sus deberes, en cuanto a que fije bien las reglas de la inversión y finalmente respete lo que acordó. Si un gobierno acordó algo y después no lo respeta, obviamente tiene pocas posibilidades de éxito y el Estado es el que termina pagando los platos rotos.
–Es decir, ¿esto obliga a los representantes del país a ser muy rigurosos a la hora de realizar acuerdos?
–Claro. Lo que termina ocurriendo en el Ciadi es que se hace prevalecer la palabra empeñada, el contrato firmado, que las reglas del juego para la inversión no sean cambiadas de la noche a la mañana, cosa que ocurrió en la Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Obviamente, allí el mecanismo sanciona al país por ser poco serio.
–Por otro lado, se recurre a esta herramienta para evitar un proceso judicial, que podría ser mucho peor...
–Los procesos judiciales (tradicionales, ante el Poder Judicial de cualquier país) son mucho peor, y es mucho mejor tener un mecanismo neutral como es el Ciadi, que no es estatal, ni de un país determinado, que someterse a un poder judicial “localista” que, eventualmente, puede torcer el derecho hacia una de las partes.
–¿El Gobierno paraguayo podría solicitar que el arbitraje sea hecho en nuestro país?
–Es algo que comúnmente no aceptan las inversiones serias, que buscan un mecanismo neutral, debido a que el Estado nacional que pide que las cosas se diriman localmente es uno que de antemano está anunciando que va a cambiar las reglas del juego el día de mañana.
–Pero, ¿es más seguro y confiable ir a Estados Unidos, que para algunos tampoco es de fiar?
–La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene su sede en Estados Unidos, pero no es propiedad de Estados Unidos. Lo mismo pasa con el Ciadi. Es un mecanismo multilateral, propiciado en los años 60 por el Banco Mundial, y cuando un caso va a litigio, hay unas reglas de cómo se eligen los árbitros, donde es muy importante manejarse de manera competente, donde la selección de los árbitros es un tema clave. Además, uno tiene recursos de impugnación, de recusación; es decir, las partes tienen formas de asegurarse de que los árbitros a ser nombrados sean probos y no tengan inclinaciones ideológicas o de querer perjudicar a un país del tercer mundo, etc.