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La citada profesional indicó que la viceministra Marta González se jacta de que la SET ha concedido postergaciones en todos los casos puntuales que se han solicitado. Sin embargo, dichas postergaciones son una muestra de que realmente no se están pudiendo cumplir con los compromisos tributarios dentro del plazo establecido por ellos, sostuvo Torres.
“Esto indica justamente que los tiempos no se condicen con la realidad y los procesos”, afirmó al respecto la dirigente del Movimiento Resistencia Contable.
Torres indicó que la propia SET, que estableció nuevas exigencias en tiempos muy ajustados, también se encargó de limitar la cancha a los profesionales auditores, por lo que no dan abasto con los trabajos.
Uno de los planteamientos se refería a la necesidad de reprogramar las fechas de vencimientos de las obligaciones fiscales relacionadas con la declaraciones juradas informativas e informes de auditoría, de modo a facilitar la correcta presentación de los mismos en el plazo establecido.
Sobre el punto, la profesional añadió que una gran dificultad para el cumplimiento de este compromiso se da en razón de otra disposición de la SET que limitó el campo a los profesionales que pueden realizar el trabajo de auditoría, según la resolución 116/ 2017. También, a partir de este 2018 se debe comunicar a la SET los datos del auditor que han contratado, a través del sistema Marangatu, debiendo el auditor confirmar su contratación por el mismo medio.
Según la SET “no es positivo disponer de prórrogas”. Sin embargo, la Administración Tributaria tuvo que recurrir a varias prórrogas ante pedidos desesperados de contribuyentes y profesionales en distintas ocasiones.
“Perdí la cuenta de la cantidad de resoluciones de prórrogas que se dieron en estos últimos años, todos debido al mal funcionamiento del sistema Mbeguekatu”, señaló la profesional, refiriéndose a los constantes cortes del sistema operativo Marangatu. Tributación sostiene que ya no existen argumentos válidos que justifiquen una nueva postergación para la presentación de las declaraciones juradas informativas ni de auditoría, como plantean los gremios de contadores. Los gremios de contadores habían presentado una serie de reclamos y propuestas de medidas a ser encaradas por la administración fiscal entre diciembre del año pasado y enero del presente ejercicio.