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Su nombre figura en una lista de cien personas despedidas y reingresadas por orden judicial, que supuestamente volvieron a cobrar en marzo pasado, tras un arreglo extrajudicial, un resarcimiento económico.
Explicó que su reincorporación a la entidad sí fue mediante la justicia.
Durante el largo proceso –según dijo– salieron cinco sentencias del Poder Judicial favorables a sus intereses.
Aclaró además que su caso no tramitó ante el juzgado de Graciela Panza de Ciudad del Este y que su caso es independiente a los demás.
La asesoría jurídica de la entidad –refirió– “había presentado un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia a las resoluciones, en total contraposición con los demás casos citados en la publicación del diario, ya que la misma dirección jurídica, sin contar aún con una sentencia desfavorable en dichos expedientes, decidió aceptar la reincorporación definitiva abonando todos los salarios caídos y demás beneficios por el tiempo que duró el litigio judicial, obviando sin razón aparente el principio de agotar todas las instancias judiciales en defensa de los intereses de Itaipú y que con todo rigor están aplicando en mi caso”, expresó.
Agregó que sus únicos padrinos son la ley, las normas propias de la entidad binacional y sus 24 años de servicios a la empresa.
Rodríguez refirió también que en esta larga lucha judicial y extrajudicial para que la Itaipú Binacional reconozca sus derechos laborales fue engañado, humillado, denigrado y difamado.