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De acuerdo al “Contrato de diseño, financiación, construcción, mantenimiento y operación de dos rutas nacionales (N° 2 y 7)”, firmado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la contratista Rutas del Este, la cláusula N° 34, referida a la “Terminación Anticipada del Contrato”, establece en su inciso G que uno de las causas por la que el contrato puede extinguirse es justamente “por la imposibilidad de firmar el contrato de financiamiento”.
Poco más de un año después de firmar el contrato, la contratista no ha conseguido la financiación y tampoco se han dado explicaciones de los motivos. Ayer tratamos de consultar al respecto con el Ing. Luis Pettengill (8A) y el viceministro de Obras Públicas, Juan Manuel Cano, pero no respondieron los mensajes ni las llamadas.
El plazo venció el pasado día 14 del presente es y el MOPC favoreció con la prórroga al consorcio conformado por polémicas empresas al otorgarle un plazo mayor para que cierre la financiación. “Nos informaron de que estamos muy cerca de lograrlo. Nosotros somos facilitadores en ese proceso pero la negociación es entre privados”, alegó el lunes el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, al defender la decisión que tomaron.
El crédito internacional a conseguir para financiar la duplicación de las rutas 2 y 7 es de uno US$ 500 millones. En febrero pasado, Rutas del Este cerró una primera financiación por valor de US$ 50 millones con bancos locales para obras del Tramo 0 (San Lorenzo-Ypacaraí).
Lo llamativo del caso es que una vez más el MOPC otorga “facilidades”, ahora con la prórroga, en un proyecto en el que participa la firma española Sacyr, que ya está anotada para otra APP, la del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, cuyo proceso licitatorio está congelado en la justicia después de que el Ministerio recurriera un dictamen de la Contraloría General que recomienda cancelar el llamado.
El ente contralor cree que el MOPC “ayudó” a Sacyr a seguir en carrera pese a que saltaron en su momento múltiples antecedentes de procesos judiciales en el marco de obras públicas a su cargo en varios otros países, que según el pliego de bases y condiciones debieron dejarle fuera de competencia. Sacyr, en comunicados emitidos el año pasado, negó que tuviera antecedentes descalificatorios, pero la Contraloría mantuvo su dictamen, y luego de eso el MOPC le otorgó la APP de las rutas 2 y 7.
En el mismo consorcio está la empresa portuguesa Mota Engil, hoy responsable de los tramos 2 y 3 del metrobús, que en 16 meses de trabajo apenas ha avanzado unos 4 kilómetros sin poder terminar ni siquiera 100 metros de obras.