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Desde tiempos inmemoriales, el flete se constituyó en una fuente inagotable de corrupción, tanto por las sobrefacturaciones como por las coimas abonadas a funcionarios del ente para la imposición de cláusulas abusivas y para imponer las que beneficiaban a sus intereses.
También en el pasado hubo casos de administradores que tuvieron que renunciar a la presidencia de Petropar debido a presiones en el tema flete, como fue el caso de Cíbar Granada, que dimitió en febrero de 2009.
Lo acontecido recientemente con Fleming Raúl Duarte Ramos debe imputarse al mismo tema del transporte fluvial, pero en este caso la contratación se concretó durante la administración del liberal Sergio Escobar, en febrero de 2012.
Escobar había cerrado un contrato plurianual de fletes (de tres años) por un cifra multimillonaria (superior a los US$ 200 millones) y en un 38% más caro con relación al precio del mismo tramo que pagaba anteriormente Petropar. Entre las empresas agraciadas estuvieron las mismas que históricamente se beneficiaron de Petropar, liderada por MercoPar SA, de los hermanos argentinos López (conocidos como “Pitufos López”), que luego vendió las acciones de esta compañía a una firma griega.
El presidente Horacio Cartes, en varias ocasiones, se había lanzado duramente contra el flete pagado por Petropar, al que tildó de “robo descarado”, como lo había señalado en marzo último, durante un acto realizado en Ciudad del Este.
De acuerdo con nuestras fuentes, una vez más el tema del flete habría sido el detonante de la salida de un titular de Petropar, que no pudo desbaratar la “mafia del flete”, ya que pese a los esfuerzos no pudieron rescindir el contrato firmado por Escobar, especialmente por las consecuencias jurídicas.
Duarte Ramos se reunió en varias ocasiones con los fleteros en la búsqueda de “mejores precios y condiciones”, así como exigía el Jefe de Estado, pero eso no fue posible, según una alta fuente involucrada en este tema, atendiendo a que las exigencias impuestas por los fleteros eran “imposibles” de cumplir a nivel operativo. “Definitivamente eran inviables y leoninas las exigencias”, añadió la fuente. Los navieros actúan como un “cártel” y se constituyen en un monopolio en el sector.