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En el marco de un conversatorio organizado por el Club de Ejecutivos del Paraguay, el vicepresidente Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE), Ing. Héctor Richer, afirmó que el Gobierno debería iniciar “cuanto antes” las negociaciones; es decir, antes de setiembre del año 2021, y no esperar el año 2023, cuando se cumpla el plazo (50 años) para la revisión del Anexo C.
Advirtió que si las autoridades competentes esperan el plazo límite, se pueden encontrar con los famosos “hechos consumados”. Sobre el punto, explicó que entre el 2021/2022, el servicio de la deuda ya caerá en US$ 1.400 millones y en el 2023 quedará en cero. Alertó que adelantarse será importante, teniendo en cuenta que setiembre de cada año el Consejo de Administración de la entidad binacional fija las tarifas para el año siguiente, que naturalmente también caerá.
Añadió que las autoridades nacionales paraguayas deben examinar dicha situación, salvo que consideren más conveniente para los intereses del país esa inercia. En ese mismo sentido, asevero que algunos “creen equivocadamente” que al pagarse toda la deuda (que representa el 63% del costo del servicio de electricidad), que fue necesaria para la construcción de la hidroeléctrica, va a sobrar US$ 2.000 millones, que serían repartidos en partes iguales ambos países.
“No va a sobrar nada, porque se cargan los componentes del costo de explotación y de allí resulta la tarifa, que naturalmente también caerá, por aplicación del Anexo C, salvo que se introduzca otro concepto, pero por la vía de la renegociación, que hay que plantear ya en setiembre del 2021, porque lo que ya bajó será muy difícil pelear”, expresó Richer.
El ingeniero Richer manifestó que podría existir la posibilidad de negociar y llegar a un acuerdo con el Brasil de introducir “nuevos conceptos” dentro de ese costo, como “nuevas inversiones”, que hagan que las tarifas no caigan tanto y pueda sacar beneficios. “Por eso, para el 2021 nosotros ya debemos tener clara la película de lo que queremos antes de la revisión del Anexo C, porque después todo será difícil”, insistió.
Advirtió que las dificultades vendrían dadas por los intereses que tiene Brasil y de este Gobierno (de Jair Bolsonaro), que está empeñado en reducir todos los costos para su economía, bajando impuestos y donde el tema energético se ha convirtiendo en tema de mucha relevancia.
Indicó Paraguay, por su parte, debe responder preguntas clave como: ¿Qué beneficios y condiciones quiere el Gobierno y la ANDE del Anexo C? “Eso con seguridad va a querer la ANDE, porque siempre esté peleando por menos tarifa, porque está en déficit, en desequilibrio”, dijo.
Añadió que las autoridades nacionales pertinentes también tendrán preguntarse si el Gobierno va a procurar que no baje tanto la tarifa y pelear por establecer nuevos “conceptos” de gastos. “Las respuestas a todas estas incógnitas van a tener que salir de un amplio debate nacional”, subrayó.