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Alarcón sostiene que la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada por el Congreso en 2013 y reglamentada por el Ejecutivo en 2014, buscaba sentar las bases para una mayor responsabilidad fiscal por parte de los distintos administradores públicos.
Los puntos más resaltantes, añade, fueron la señal que dio el Ejecutivo y que es “seguido” por el poder político (Legislativo), que “se limitaría el manejo discrecional en la discusión del Presupuesto General de la Nación”.
Para eso, agrega, la ley buscaba establecer un límite de déficit fiscal no superior al 1,5% del PIB; crecimiento del gasto corriente primario equivalente a la inflación interanual, más del 4%; reajustes salariales fuera de los casos aprobados para aumentar el salario mínimo legal.
Con estas medidas, indica el economista, se esperaba que el presupuesto –el aprobado con sus modificaciones– se aproxime a la ejecución real y con ellos se abandone la vieja práctica de presupuestos inflados e inalcanzables en la práctica.
Además, también se evitaría que el Ministerio de Hacienda utilice desmedidamente el plan financiero para realizar el control de un presupuesto sobreestimado.
Alarcón añade que en la práctica esto no se dio y que en el primer año de implementación de la ley, la discusión gira en torno a si se debe aumentar el límite del déficit.
Esta discusión surge a partir de la pretensión del Gobierno de elevar el tope de déficit fiscal de 1,5% del PIB, con el fin de aumentar la inversión en infraestructura y dinamizar de esta manera la economía, para hacer sostenible el crecimiento de 4% esperado.
El exviceministro señala que cuando se discutió el proyecto a sus inicios, ya habían manifestado dudas razonables sobre la eficacia de la norma, pero que hoy se puede resaltar que “nada se cumplió”, porque el gasto corriente se incrementó en más del 30%, el gasto salarial presupuestado con relación a la ejecución del 2014 se incrementó 11% y el déficit fiscal aprobado en la Ley de Presupuesto General de la Nación fue del 2,3%.
¿Qué se debe hacer?, pregunta el economista y apunta que la respuesta más sencilla sería derogar la ley, porque de otra manera “nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos, pues la ley dirá una cosa, pero cada año con la Ley de Presupuesto la modificaremos y pisotearemos como muchas leyes en el Paraguay”.
Alarcón apunta que otras opciones podrían ser, aunque más difíciles de implementar: aplicar lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que implica sancionar por mal desempeño en sus funciones a los senadores, diputados, presidente, ministros, presidentes y/o directores de entes, intendentes y todos aquellos funcionarios “responsables” de la elaboración, programación, ejecución y control del presupuesto público. “En la práctica creo que esta opción es inviable”, añade.