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El proyecto de reglamentación establece el régimen jurídico de los contratos de participación público-privada.
Según se desprende del proyecto de normativa, los contratos deberán consignar con claridad la distribución de los compromisos, cargas y costos del proyecto que deberán asumir las partes; la utilidad, ganancia y derechos que obtendrán las partes como consecuencia del proyecto.
También dice que cada contrato deberá consignar la asunción de las partes de las consecuencias jurídicas y financieras de las eventuales contingencias que pudieran surgir en el proceso de ejecución del contrato y la identificación de circunstanciales prestaciones o cargas que debieran asumir terceros ajenos a la relación.
Para cada licitación se estará a las disposiciones de un pliego estándar que habrá de modificarse en cada negociación.
En cuanto a los riesgos, el proyecto de reglamentación establece que los contratos deberán considerar la probabilidad de ocurrencia de uno o más de los riesgo como los de: Ingeniería, riesgos operacionales, riesgos de mercado, riesgos medioambientales y conflictos sociales, riesgos financieros del proyecto, riesgos políticos y riesgos derivados de fuerza mayor o caso fortuito.
Al término de la reunión, el presidente de Capaco, Reinaldo Delgado, dijo que no tienen ningún cuestionamiento al proyecto, que esperan sea aprobado también por el equipo económico del presidente Horacio Cartes.
Recién una vez que sea aprobada la reglamentación se estudiarán las propuestas de empresas extranjeras, según el MOPC.