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Claudia Centurión, directora de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas, fue quien ayer dio la cara por el MOPC, tras conocerse el fracaso de la licitación para la implantación de un régimen de alianza público-privada (APP) en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Afirmó que no han revisado exhaustivamente el dictamen y que necesitan 15 días para responderlo.
En su momento, el propio ministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona, había supeditado la adjudicación o no al informe de Contraloría, pero ahora, inexplicablemente, quieren responderlo.
La Contraloría atribuye recomendación de cancelar la licitación a la falta de coherencia entre las normas (ley, decreto y pliego de esta APP), así como a la falta de un proceso de precalificación que haya asegurado la aptitud de los oferentes.
En pocas palabras, y sobre el último punto, el informe da a entender que ninguno de los tres oferentes que se presentaron, incluido Sacyr, podía competir en esta licitación, cuyo objetivo era la entrega del aeropuerto por 30 años a un privado que durante ese tiempo supuestamente iba a invertir 150 millones de dólares.
“La decisión adoptada de prescindir la tramitación del procedimiento de precalificación de las ofertas en el marco del llamado, así como las deficiencias estructurales del PBC en materia de las exigencias relacionadas con la experiencia y la capacidad financiera de los oferentes, constituyen, a criterio de esta dirección, razón sobrada para recomendar la cancelación del procedimiento de contratación”, reza el informe.
El contralor Enrique García dijo que el informe representa “el final del proceso”. “Este no es un proceso de observaciones y descargo. Es una actividad de control definida como un análisis integral del proceso donde nuestros auditores se instalaron y concluyeron recomendando la cancelación”, argumentó.
Tanto Centurión como García hicieron estas declaraciones a otros medios de comunicación, pues todo el día de ayer se negaron a conversar con periodistas de ABC Color y ABC Cardinal, pese a la insistencia.
La oferente “mimada”
Sacyr, la empresa oferente que estaba más cerca de ser adjudicada, tiene trámites judiciales en diversos países, que según las normas debieron impedirle concursar. También se comprobó que presentó una declaración jurada falsa, en la cual negaba esos trámites. Justamente, la permanencia de un oferente con antecedentes de incumplimiento fue uno de los puntos que motivaron la intervención de la Contraloría, señalado a su vez en una denuncia hecha por legisladores.
Según la Contraloría, el informe se basó no en las ofertas, sino en el proceso en sí, pero el documento confirma que Sacyr mintió. A esta empresa ya le dieron el ensanche de las rutas 2 y 7, por la APP.