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Los artífices del negociado del aeropuerto están preparando ahora un viaje a Canadá para solicitar a los representantes de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) un documento con el cual puedan justificar la adjudicación del contrato del aeropuerto a Sacyr, pese a las múltiples irregularidades detectadas en el proceso, que incluso tiene un dictamen de Contraloría ratificado, que recomienda la cancelación. Así dijeron ayer a nuestro diario fuentes cercanas al comité.
El pasado 14 de junio los miembros del comité de evaluación se reunieron y resolvieron comunicar oficialmente a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) la intervención de la Contraloría en el llamado de referencia. Resolvieron, asimismo, remitir copias del dictamen del ente auditor en el que se recomendó la cancelación del llamado y de la reconsideración presentada en su momento por el Ministerio de Obras, solicitando a la OACI “su parecer” sobre las documentaciones.
El acta lleva la firma de Claudia Centurión, directora de Proyectos Estratégicos del MOPC; de Ricardo Riego, director de Obras Públicas; Agustín Encina, viceministro de Transporte; de Emiliano Fernández, de la Secretaría Técnica de Planificación (STP); y de un representante de la Dinac.
En enero del año pasado, mientras estaba en curso el llamado a licitación y aún no se conocían las ofertas, la OACI fue apartada del proceso por el propio Ministerio de Obras Públicas, cuando el citado organismo internacional denunció que modificaron el estudio de factibilidad del proyecto.
La OACI había hecho este estudio a pedido de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y cuando el MOPC unilateralmente decidió modificar su contenido, en lo que a la parte financiera se refería, el organismo protestó y dejó constancia de que no se hacía responsable por el estudio que había sido manipulado.
Ayer contactamos con Walter Amaro, representante local de la OACI, quien hace oficina en la misma sede de la Dinac, en el Ministerio de Defensa. El mismo dijo que no podía responder a nuestras consultas, pues necesitaba autorización.
La Contraloría detectó, entre otras cosas, que al oferente que está más cerca de ganar, Sacyr, nunca debieron permitirle concursar por los múltiples conflictos judiciales que tiene con sus contratantes en varios países.