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En lo referente a la capacidad financiera de los oferentes la Contraloría observó que el pliego de bases y condiciones de la licitación del aeropuerto “relajó” los criterios para conocer el real comportamiento de endeudamiento de las empresas oferentes.
“De lo expuesto se puede notar que el parámetro genérico para medir niveles de endeudamiento para cualquier empresa o consorcio es en el rango de menor o igual a 0,80, e inclusive en algunos casos se considera como aceptable el rango de menor o igual a 1; sin embargo el PBC estableció un margen de menor o igual a 5, otorgando con ello mayor nivel de endeudamiento para sus potenciales oferentes”, dice textualmente el informe (ver facsímil).
Cuestiona también que la situación descrita se contrapone a lo que estipula el decreto reglamentario y no hace primar el interés público a través de la búsqueda de oferentes solventes con capacidad de pago.
“El rango de ratios exigidos podría afectar a la solvencia económica, fundamentalmente en la primera etapa del proyecto”, afirma el informe.
Esta situación fue advertida en enero de este año por la firma consultora Econocas, de Alba Talavera, que a pedido de la Comisión Permanente del Congreso realizó una auditoría que concluía que la débil posición financiera de Sacyr, uno de los oferentes, y su alto nivel de endeudamiento le impedirían afrontar los compromisos que supone un contrato de alianza público-privada (APP).
A Sacyr, que también aparecía como segura ganadora de la APP del aeropuerto, lidera el consorcio adjudicado para el contrato de ensanche de las Rutas 2 y 7, también por APP de 30 años.
Este pliego de bases y condiciones, que la Contraloría cuestiona por flexible, no solo en lo que a la parte financiera se refiere, fue elaborado por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC).
Manipularon factibilidad
En febrero del año pasado, técnicos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) denunciaron que el Ministerio de Obras Públicas estaba manipulando el estudio de factibilidad, en lo que refiere a la parte financiera, como ahora confirma Contraloría.
En aquel entonces las autoridades del ministerio respondieron que el estudio de factibilidad le pertenecía y tenía potestad de modificarlo. En el informe de Contraloría se evidencia que los responsables de los cambios fueron la directora de Proyectos Estratégicos, Claudia Centurión, y la consultora Deloitte.