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Tras las observaciones sobre anomalías del proceso y los indicios de un aparente “negocio” en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el ministro Arnoldo Wiens firmó ayer la Resolución N° 63 que deja sin efecto las adjudicaciones que él mismo había firmado a fines de 2018 por un monto de G. 85.161 millones, equivalentes a US$ 14 millones, en el marco del llamado a contratación directa por vía de la excepción para compra de maquinaria vial (ID 355441 en el portal de Contrataciones).
“Como ministro he tomado la decisión de dejar sin efecto la Resolución de Adjudicación relacionada a la Ley de Emergencia Vial – ruta Transchaco y Concepción-Pozo Colorado”, escribió Wiens ayer en un twitt al dar a conocer su decisión. Aunque intentamos, no habló con ABC y tampoco dio más detalles en la Resolución 63.
El citado documento da a entender que no se contaba con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, al mencionar que este es “requisito para el ejercicio de cualquier proceso de contratación”. Asimismo, se limita a citar el artículo 31 de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, que contempla la cancelación de la licitación por decisión unilateral de la convocante “por caso fortuito o fuerza mayor” o bien, “cuando existan circunstancias, debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de adquirir o arrendar los bienes, contratar prestación de servicios o ejecutar obras, que de continuarse, pudiera ocasionar daño o perjuicio” a la entidad convocante.
Si bien la resolución de referencia no precisa en cuál de los supuestos se encuentra el caso particular de la compra de maquinaria, desde la cuenta de Twitter del MOPC postearon ayer que “hay dudas al respecto de los procesos –lo cual estamos en revisión– y lucharemos por mantenimiento de ambas rutas de la mejor forma posible con lo que tenemos en nuestros distritos” (sic).
La cartera había apelado a la vía de la excepción para la “urgente” reparación y mantenimiento de las rutas Carlos A. López (Transchaco) y Rafael Franco (Pozo Colorado-Concepción), basándose en la Ley 6194/18 que declara en situación de emergencia vial las rutas citadas. Sin embargo, uno de los puntos cuestionados al proceso es que dieron hasta 120 días a las firmas adjudicadas para la entrega de maquinaria, lo cual contradecía el argumento de la “emergencia”.
Además, en el ítem de provisión de planta asfáltica, adjudicaron a la firma Proyec (Osvaldo Cazal), que tenía una oferta de US$ 1 millón más cara que la propuesta más económica, lo que hacía presumir una aparente sobrefacturación.
También se criticó la casi nula difusión del llamado, que dejó sin poder participar a numerosas empresas.
Este es el segundo proceso que el ministro Wiens decide cancelar, después de observar los cuestionamientos. El primero fue el metrobús (al menos en las condiciones anteriores), una herencia de la era Cartes.