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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) expresó ayer en un comunicado que en el tema Pilcomayo “no hubo necesidad de ejecutar las pólizas porque se llegó a un acuerdo con las empresas contratistas”. Estas garantías habían sido otorgadas por Royal Seguros SA, la empresa de Juan Carlos López Moreira, jefe de gabinete del presidente Horacio Cartes, que acaparó 99 contratos solo de obras encaradas por el MOPC.
En el caso del Pilcomayo las garantías no ejecutadas alcanzan casi G. 10.000 millones y corresponden a dos contratos que estaban vigentes al tiempo en que el ministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona, denunció que hubo trabajos mal ejecutados o que directamente no se ejecutaron. Sospechosamente el MOPC ni consideró siquiera ejecutar las pólizas, aun cuando era su obligación hacerlo, según el contrato, el pliego de bases y condiciones y la Ley de Contrataciones Públicas.
“En el primero de los casos se llegó a un acuerdo con la empresa contratista para realizar tareas complementarias. Los trabajos comprometidos fueron realizados y el acuerdo se produjo con conocimiento y venia de la Unidad Fiscal que lleva adelante la investigación penal conforme a la denuncia presentada por el propio Ministerio. En el segundo caso denunciado no hubo rescisión de contrato”, reza parte del comunicado que no tiene firma, pero que fue enviado por la Dirección de Comunicaciones del MOPC.
Los contratos asegurados por Royal en el tema Pilcomayo eran con TOCSA-VIALSUR y el otro con el consorcio Margariño. La póliza de Royal Seguros SA que el MOPC dejó de ejecutar en el caso del contrato con TOCSA-VIAL SUR fue de G. 6.774.270.227. En el caso del consorcio Margariño, el monto asegurado en la última póliza de Royal Seguros SA era de G. 2.926.773.680, que tampoco se ejecutó.
Violación de principio
A la consulta formulada por este diario, el abogado Theodore Stimson sostuvo que el principio de la intangibilidad de los pliegos impedía alterar sus condiciones en perjuicio de otros contratistas que habrían cumplido las condiciones del contrato, y en caso de incumplir, habrían satisfecho las necesidades públicas a través de la póliza.
pcarro@abc.com.py