Cargando...
En lo referente a la capacidad financiera de los oferentes, la Contraloría observó que el pliego de bases y condiciones de la licitación del aeropuerto, vía Asociación Público Privada (APP), “relajó” los criterios para conocer el real comportamiento de endeudamiento de las empresas interesadas.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) le contestó en el recurso de reconsideración interpuesto, que “el proyecto APP del aeropuerto se estructuró bajo la figura financiera de financiamiento corporativo, como equivocadamente lo hace la Contraloría”.
“El financiamiento con Proyect Finance incorpora un alto nivel de endeudamiento cuyo impacto es analizado por los financiadores por fuera del balance de los accionistas, promotores u oferentes de la licitación. La esencia financiera de estos proyectos son dos: alto nivel de endeudamiento sin recursos a los accionistas y alta dependencia para pagos de obligaciones financieras de fondos provenientes del mismo, cuando este se encuentre operativo”, reza parte del argumento del Ministerio de Obras Públicas, que quedó muy mal parado con el asunto de la APP, después de que en su dictamen la Contraloría constatara una serie de irregularidades.
Precisamente, en lo que al endeudamiento se refiere, la Contraloría cuestionó que se permitieron ratios muy altos arriesgando el proyecto.
“De lo expuesto se puede notar que el parámetro genérico para medir niveles de endeudamiento para cualquier empresa o consorcio es en el rango de menor o igual a 0,80, e inclusive en algunos casos se considera como aceptable el rango de menor o igual a 1; sin embargo, el PBC estableció un margen de menor o igual a 5, otorgando con ello mayor nivel de endeudamiento para sus potenciales oferentes”, dice textualmente el informe del ente contralor que también recomendó cancelar el llamado por otras razones, además del tema deudas de las empresas.
Intereses, pisoteados
Cuestiona también que la situación descripta se contrapone a lo que estipula el decreto reglamentario y no hace primar el interés público, a través de la búsqueda de oferentes solventes con capacidad de pago.
“El rango de ratios exigidos podría afectar a la solvencia económica, fundamentalmente en la primera etapa del proyecto”, afirma el informe.
Esta situación fue advertida en enero de este año por la firma consultora Econocas, de Alba Talavera, que a pedido de la Comisión Permanente del Congreso realizó una auditoría que concluía que la débil posición financiera de Sacyr, el oferente que estaba más cerca de ganar, y su alto nivel de endeudamiento le impedirían afrontar los compromisos que supone un contrato de APP.
Ahora, el emprendimiento se encuentra paralizado hasta tanto la Contraloría vuelva a responder al MOPC, que, supuestamente, esta vez sí se va a adaptar a lo dispuesto por la cartera (a diferencia de la vez anterior, que prometió hacerlo, pero terminó apelando el dictamen del ente).