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Ubeira hizo esta afirmación luego de que su defendido declarase ante el juez federal argentino Claudio Bonadio sobre los manuscritos del exchofer Óscar Centeno sobre “presuntas entregas de coimas durante los gobiernos de los Kirchner en el vecino país”, añade la publicación.
El abogado, en sus declaraciones, utilizó un argumento muy conocido en Paraguay, que Thomas “no era un empleado público; era un empleado internacional, no respondía al Estado argentino, respondía a la EBY”.
Sin embargo...
En rigor, a pesar del Tratado de Yacyretá y de sus documentos complementarios, los sucesivos gobiernos argentinos convirtieron a la EBY en una suerte de agencia del Poder Ejecutivo argentino en territorio paraguayo.
Un par de botones del muestrario de sometimiento de la EBY a la voluntad del Gobierno argentino de turno son los decretos 3450/79 y 612/86, que supeditaron hasta su financiación y sus ingresos al presupuesto de gastos del gobierno argentino, trasgrediendo inclusive el mandato del Art. IX del Tratado, que solo habla de aportes.
Además, los partidarios de la opacidad en la administración de Yacyretá, argentinos y paraguayos, se olvidan del Art. XX del Tratado, que establece que “la responsabilidad, tanto civil como penal, de los consejeros, directores, directores adjuntos y demás funcionarios argentinos o paraguayos de Yacyretá, por actos lesivos para los intereses de esta, será investigada y juzgada de conformidad con lo dispuesta en las leyes nacionales respectivas”.
“Yo fui querellante cuando Yacyretá fue un ‘monumento a la corrupción’”, dijo también Ubeira y subrayó que “la causa está en trámite, la vamos a pedir como prueba para demostrar que la obra está cartelizada desde la dictadura hasta el día de la fecha”.
“Monumento a la corrupción”
El 4 de abril de 1990, ABC Color publicaba la siguiente información: “Menem calificó a Yacyretá de monumento a la corrupción”.
Carlos Saúl Menem, entonces presidente de Argentina, inmediatamente después de esta declaración suspendió la ejecución del proyecto por seis meses.
“No es posible que la Argentina siga este tren de despilfarro a costa de un pueblo que está pasando por uno de sus peores momentos”, explicaba Menem a la sazón.
Apuntaba también que el proyecto debía costar US$ 1.500 millones, pero que ya en ese momento, “con menos del 50% de la obra hay inversiones de US$ 3.000 millones”.
Ni Menem, ni Andrés Rodríguez, menos aún sus sucesores, no pudieron –o no quisieron– revelar los nombres de los escultores de tan singular monumento.