Modernización de la banca pública

Un trabajo del economista y funcionario del Banco Central del Paraguay (BCP), Sergio Sapena Pastor, publicado en nuestro suplemento del 5 de octubre de 2003, se constituyó en la apertura de un debate, que no nos propusimos, sobre la reforma de la banca pública -requisito indispensable para llegar a un acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese material incentivó la respuesta, en dos publicaciones, del autor del proyecto. Hoy, ya con la clara intención de proseguir con la controversia, que en democracia siempre es fructífera, ofrecemos el tercer aporte sobre el importante asunto.

Este artículo tiene 21 años de antigüedad
Arnaldo V. Mora (*)

Considerando que el debate sobre el tema da lugar a posturas enfrentadas, porque se lo encasilla en nociones liberales y populistas, aprovecho este espacio para expresar mis críticas y marcar las pautas de un enfoque distinto. El análisis parte de la característica nacional, de manera a demostrar su objetividad y aplicabilidad progresiva, porque si no se recurre a las fuentes y sus consecuencias, se corre el riesgo de ponerse anteojeras doctrinarias al examinar la realidad.


Contexto histórico

Viene al caso guiarse por un reciente documento de las NN. UU. sobre el Paraguay, en el que se puntualiza el atraso y la ausencia de modernización. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), nos caracterizamos por la “inexistencia de un proyecto hegemónico de país”, en un “proyecto único”, hecho que generó “un largo proceso de anarquía”, y que convirtió “al Estado paraguayo en (...) una figura de cartón”, que conformó a su alrededor una sociedad “política y civil” a la medida del subdesarrollo.

Agrega el documento que, por ese defecto, no hubo la “acumulación” de capitales en el Paraguay, y que se privilegió a “oligarquías” en litigio “fraccional” permanente que, para desgracia, amarraron a la población. Asimismo, menciona, que los principales agentes empresariales adolecen de proyectos alternativos, y que son proclives a las “apropiaciones compensatorias” prebendarias. Respecto a los sectores necesitados, indica su propensión a las “acciones de sobrevivencia”, sin reflejos en el mercado. Su conclusión es categórica: no han trascendido agentes económicos y sociales que puedan impulsar la modernización.


Problemática financiera

Nadie puede negar que la distorsión comercial y el tráfico descontrolado succionan los recursos financieros, y que ese hecho priva de esos medios a la producción y empuja a la informalidad a un grueso segmento de la economía. En ese contexto, la intermediación financiera es distorsiva y, además, provoca deformaciones estructurales.

El retroceso de la “reexportación” y la “actividad informal” obligó a algunos bancos extranjeros a “levantar carpas”, y provocó la quiebra de la mayoría de los bancos nacionales. Luego, las principales remesas fueron canalizadas hacia operaciones bursátiles con el BCP, como una salida eventual a la superliquidez bancaria, pero en detrimento de la circulación en plaza, y restringiendo más aún el crédito a la producción.

Tal desviación, y la fuga del ahorro interno hacia el exterior, descarta toda posibilidad de reencauzamiento espontáneo del sistema financiero. De la misma forma que, si se da rienda suelta al mercado de dinero, no podrá evitarse su sesgo puramente especulativo.
Lo cierto es que sin financiación no habrá reactivación productiva/comercial y, al no garantizarse el flujo del crédito, la sustentabilidad del crecimiento y desarrollo no será posible. El desafío, entonces, es financiar el acceso a los mercados de nuevos agentes económicos y sociales reestructurados.

Experiencias y percances

En una breve reseña se menciona que, con la intención de cubrir “el vacío de mercados de capitales (...) a principio de los años 90”, fueron creadas “tres intermediaciones de segundo piso”, a saber:
El Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), encausado por las Cooperativas de Ahorro y Préstamos, que, según Sergio Sapena Brugada (funcionario del BCP que inició el debate en nuestro suplemento), contiene “índices de morosidad (...) de los préstamos finales con las cooperativas” más “elevadas” de las “razonables”. Arguye que tienen altos “costos de administración” y “que tampoco se destacan por su eficiencia”, y colige que carecen de “potencial para trasformarse en (...) banco de segundo piso”.

El Fondo de Desarrollo Industrial (FDI) para las PyMEs, fue perjudicado por la crisis bancaria, y se plantea “la difícil recuperación de una gran parte de su cartera”. El hecho prueba que la intermediación bancaria privada y el propio organismo son ineficientes al poner los fondos a merced de los intereses políticos y de estafadores.

La Unidad Técnica de Programas (UTDP), pese a una mejor actuación y “una recuperación del ciento por ciento de la cartera (...), como institución quedó estancada en su fase inicial”, razón por la cual queda descartada como un modelo/guía.

Esas experiencias contraproducentes confirman la ausencia de agentes financieros y económicos identificados con el crecimiento y el desarrollo, y acentúan la necesidad de revertir esa tendencia.


Autonomía y forma

El ente directriz debe erigirse en un organismo autónomo del Estado, en aras de una funcionalidad direccionada, y que se articule con otras medidas internas de modernización para lograr un sistema de crédito para que se abra paso en la coyuntura y tenga sentido estratégico.

Debe funcionar como banco de segundo piso, respaldado por la creación de un “fondo de garantía” depositado en el BCP. Así, la oferta de dinero sería accesible y podría superar el inconveniente de las “garantías reales”, que entorpecen y desvirtúan la aplicación de las remesas crediticias.

Su constitución debe ser una Sociedad Anónima, de capital mixto y abierto, con mayoría accionaria del Estado, frente a la participación de las entidades multilaterales y sectores interesados.

Debe desecharse toda participación con acciones liberadas, que terminarán desnaturalizando la sociedad, dejar sin protección los bienes patrimoniales, y a relajar la administración y los controles.

Inclinarse por la idea de un “Consejo”, dependiente de los poderes “Ejecutivo y Legislativo”, tal como piensa el proyectista Alfonso Olmedo (director del CODES y autor del proyecto de Ley de la banca pública), implica una nueva burocracia gatopardista, por la sencilla razón de que no escapará a las presiones consuetudinarias, ni a las subvenciones improductivas.

El emprendimiento debe estar sujeto a la participación accionaria y a representantes genuinos, abriendo el paquete a quienes pretendan adquirir los títulos emitidos y deseen progresar con la institución. No es recomendable conceder derechos sin obligaciones porque, de esa manera, podría alterarse la fuente originaria del poder de decisión.


Intermediación eficiente

En la intermediación eficiente es donde el emprendimiento presenta más dificultades, dado que los bancos y financieras son renuentes a otorgar créditos reembolsables a mediano plazo, y las cooperativas participantes no dan señales de que desean catapultar programas productivos en la agricultura y las PyMEs.

Visto que el mercado de dinero no responde y está restringido por la recesión, debe reorientarse la intermediación financiera en sentido inverso a sus quehaceres, motivándola alrededor del proyecto. Con eso se daría un primer paso en el intento por vehiculizar inicialmente los créditos.

El proyecto de relanzamiento del BNF no debe objetarse, dado que de ese modo podrá contrarrestarse las tendencias alcistas y cortoplacistas de las tasas activas prevalecientes en la banca de primer piso; pero debe aprovecharse a fondo sus dependencias internas, con el fin de facilitar el abaratamiento de costos administrativos, y conocer la conducta de una buena parte de la cartera de clientes.

La incorporación de las IFIs, una vez evaluado el dilema de las ataduras crediticias, permitirá operar con cargas más baratas a las existentes. Las mismas pueden, por su bagaje y experiencia, brindar profesionalidad en la aplicación de los fondos y complacer los controles establecidos.

Para otorgar financiamientos deberá implementarse un sistema de cogestión, que aplique métodos verificables y transparentes de calificación de los riesgos, así como de los interesados, para que el banco de segundo piso se consolide y prospere. Respecto a la fiscalización, debe supeditarse a la Superintendencia del BCP, por encima de las auditorías internas y externas.


(*) Consultor de empresas. Columnista invitado.
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