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El aumento de los impuestos para la importación de autos usados, hasta a 25%, es una medida tomada por el Equipo Económico en condiciones similares a los rangos tributarios que manejan para este tipo de bienes otros países de la región, y para el caso de nuestro país servirá además para ayudar a impulsar la naciente industria del ensamblaje de vehículos livianos, argumentó ayer el ministro Peña al responder consultas hechas por nuestro diario a través de sus portavoces de prensa, en este caso respecto a los reclamos surgidos en los últimos días desde el ámbito del Centro de Importadores de Vehículos Usados (CIVU).
El gremio ha expresado su desacuerdo a través de declaraciones a la prensa y el viernes iniciaron, incluso, manifestaciones públicas, cerrando la Avda. Eusebio Ayala, a la altura del Km 5, y anunciando nuevas movilizaciones para los próximos días. Advirtieron, además, que con los nuevos aranceles los coches usados subirán de precio hasta G. 4 millones por unidad.
Respecto a este tema, el ministro señaló que no cree que ese reajuste corresponda a los coches de menor cilindrada, que son los de mayor demanda por parte de la clase media, pues para ese tipo de vehículos los impuestos son bajos. Sí quizás ese monto sea válido para los vehículos de gran potencia, que corresponde ya a demandas de gente con mayor poder adquisitivo.
Con ayuda de la Corte
Existe una ley que limita la importación de coches usados, la N° 2018/02, que establece en su Art. 1: “Autorízase la libre importación de vehículos usados de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad de 10 años, contados a partir del año de su fabricación”. Sin embargo, entre el 60% y el 70% de los que ingresan al país superan los 10 años.
Para sortear la ley los importadores han conseguido autorizaciones de la Corte Suprema de Justicia.