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Martínez había revelado una larga lista de varios familiares y amigos de algunos directores y asesores de Miguel Lovera que fueron nombrados en dicho ente. La sindicalista repudia las acciones de amedrentamiento implementadas por Lovera, como el ser despojada temporalmente de su celular en una reunión en la que el mismo le habría manifestado su desagrado por las denuncias hechas por la prensa. Lovera estableció para la sindicalista Martínez sanciones administrativas por supuesto incumplimiento de una orden del superior jerárquico y por supuesta reincidencia. Lovera es acusado de permitir que la ONG Alter Vida trafique influencias diversas en el Senave; tiene quejas de grandes inversores de la India; a su vez, la UGP y la CAP piden su destitución, entre otros aspectos en su contra.