El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) recién a partir de la publicación de ABC empezó a preocuparse en la búsqueda de equipos que puedan medir el volumen de biodiésel mezclado con el gasoíl, según fuentes de esa cartera de Estado.

En el país no existe hasta ahora ningún laboratorio, ni público ni privado, que pueda controlar dicha mezcla del biodiésel con el gasoíl.
Esto evidencia, cuanto menos, el visible apresuramiento del MIC para implementar el uso del biodiésel, sin contar siquiera con equipos que puedan realizar los ensayos correspondientes para determinar el porcentaje de biodiésel en el gasoíl y así garantizar al consumidor que el producto que adquiere posee en realidad el 1% obligatorio.

Definitivamente, el MIC está obligado a ofrecer la total garantía al consumidor, desde el control en las plantas de producción, el proceso de mezcla, así como la distribución del combustible, hasta el último usuario, a través de las estaciones de servicio.

La citada cartera de Estado debió prever, antes de la implementación de la medida, si existían en el país equipos que pudieran analizar las muestras sobre la calidad de los productos comercializados y que garantizaran la correcta mezcla del biodiésel con el combustible fósil.
Así las cosas y al no existir capacidad de control en los puestos de venta, el consumidor no tendrá certeza de si el gasoíl tiene el 1% o el 20% de la mezcla.
Es importante precisar que la falta de control de calidad en el biodiésel, por imposibilidad técnica, no se registra en el biodiésel puro, donde sí pueden realizarse algunos ensayos, sino en el biodiésel ya incorporado al gasoíl.

De esta forma, tampoco el MIC posee capacidad de controlar la producción clandestina, donde los inescrupulosos se aprovecharán de la resolución del MIC para seguir vendiendo grasa animal mezclada con gasoíl, en forma directa.