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El gremio de los industriales metalúrgicos señala que en la auditoría practicada por el organismo contralor de la licitación, convocada por la ANDE para construir la línea de 500 kV entre Yacyretá–Ayolas–Villa Hayes y financiada con préstamos internacionales, se detectó que el procedimiento aplicado viola el precepto constitucional referente a la libertad de concurrencia y que garantiza la igualdad de oportunidades.
Semanas atrás, el Cime ya había solicitado a la Contraloría la presentación de dicho informe a la Fiscalía, considerando que la ANDE había sido debidamente notificada sobre la irregularidad e hizo caso omiso.
El Cime considera que el organismo de control del Estado no hizo el seguimiento de cumplimiento del dictamen que emitió por la misma, razón por la cual decidieron remitir directamente el informe al Ministerio Público.
Por otro lado, directivos del Cime fueron recibidos ayer por el embajador de Venezuela, Alfredo Murga, a quien solicitaron su intervención, ya que el país bolivariano es el principal accionista de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que es uno de los cofinanciadores del proyecto que lleva adelante la ANDE.
Para la financiación del proyecto, la ANDE recurrió a tres préstamos de organismos internacionales: el Banco Europeo de Inversiones (US$ 100 millones), el Banco Interamericano de Desarrollo (US$ 50 millones) y la Corporación Andina de Fomento (US$ 50 millones).