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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), a cargo de Marta González Ayala, emitió ayer un informe actualizado de los casos de megaevasiones tributarias detectados desde el 2014 y hasta la fecha, los cuales le han permitido la recuperación de un total de G. 280.998 millones (US$ 48,8 millones), aunque lo que está pendiente de cobro en los citados expedientes es casi cuatro veces más.
En efecto, los datos oficiales indican que los “montos confirmados en instancia sumarial y a ingresar con facilidades de pago” representan una cifra global de G. 965.470 millones (más de US$ 167,6 millones). El informe no detalla los plazos establecidos o acordados con los denunciados para el restablecimiento de esos tributos aún sin pagar.
Estos montos derivan de facturaciones u operaciones no tributadas por una suma total de G. 2,3 billones (US$ 413 millones), de acuerdo a lo detallado por la SET, que aclara que los casos del 2014 y 2015 ya están prácticamente finiquitados, mientras que los del 2016, que son tres (Ciudad del Este, San Lorenzo y Villa Elisa), “se encuentran todavía en etapa incipiente”.
El nuevo caso
La SET confirmó que el viernes último inició un proceso de control a un primer grupo de 1.000 contribuyentes que estarían afectados a un nuevo caso de “esquema delictivo” para evadir impuestos detectado días pasados, que ya fue denunciado a la Fiscalía y a través del cual unos 4.000 inscriptos en Tributación “habrían declarado retenciones que supuestamente les fueron practicadas por terceros, o presentado rectificativas con datos falsos o sin respaldo”, a fin de dejar en cero o disminuir el monto real de sus obligaciones con el fisco, según el informe.
Los afectados ya notificados deberá presentar en un plazo perentorio que se les ha fijado a cada uno los comprobantes de retención que alegan haber recibido o, en caso de carecer de dichos documentos, que procedan a rectificar sus declaraciones juradas y a ingresar las sumas que realmente correspondan a sus operaciones.
Según la SET, en las próximas semanas irá completando las notificaciones a los 3.000 o más contribuyentes que aún faltan, y que en este caso la fiscalía ya imputó a un gestor (no da el nombre) que fue descubierto in fraganti cuando “prestaba” sus servicios en este esquema, y se incautó de computadoras y otros equipos.