Más instituciones pactaron con el grupo de empresas unipersonales

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Se conocen nuevos contratos  oficiales que benefician al grupo de empresas unipersonales (Distribuidora Preciosa, Comercial Don Raúl y Comercial Fénix) que lucran desde hace unos 15 años con oscuras y supuestas provisiones de bienes a reparticiones estatales. El Ministerio de Justicia y Trabajo contrató con el grupo la  provisión de "alimentos para personas".

El 3 de diciembre pasado, el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT), representado por su titular Humberto Blasco, firmó un nuevo contrato de "provisión de alimentos para personas" con la "Distribuidora Preciosa", representada por su titular, Nancy L. Godoy A.

El monto del contrato ascendió a G. 1.129.356.414 y comprende ítems alimentarios a ser proveídos a cuatro zonas (sin especificar los sitios), por lo que se presume que sería la provisión de alimentos para las distintas penitenciarías del país que dependen del MJT.

Este nuevo contrato  es adicional a los varios más que el mismo grupo ya firmó con diferentes entes oficiales y que solamente en  2011 ya suman más de 25.611 millones (unos 6.250.000 dólares al cambio actual).

Hasta aquí parecería el historial de un exitoso grupo empresarial familiar (compuesto por los esposos Nancy L. Godoy A. y Raúl Alberto Rodríguez).

Sin embargo, este mismo grupo se ha beneficiado desde hace unos 15 años con jugosos y oscuros contratos con el MJT, consistentes en la provisión de bienes para las distintas penitenciarías del país.

Pero las sospechas de corrupción surgen de  los documentos internos de la Distribuidora Preciosa, que revelan oscuros pagos (a partir de 2005 y por lo menos hasta  2007) a los responsables de las distintas penitenciarías del país (Concepción, San Pedro, Pedro Juan Caballero y Ciudad del  Este).

Existen  sospechosos pagos –por más de G. 350.000.000– extraídos de la cuenta Nº 248916/001 de la sucursal San Lorenzo del Lloyds Bank (hoy HSBC).

Si la citada firma estaba contratada para proveer bienes a las penitenciarías, ¿por qué remitían fuertes sumas de dinero a los directores de las respectivas cárceles, hecho hasta hoy no justificado racionalmente?

La versión que  la propietaria Nancy Godoy había dado a ABC Color, de responsabilizar de la maniobra a un grupo de empleados infieles hoy ya despedidos, no es creíble, pues también existen otros casos en los que la citada persona ordenó –y que consta en documentos de puño y letra de la mencionada– para que "prepararan los cheques" para los referidos oscuros pagos.

Además, en publicaciones anteriores ya habían aportado evidencias documentales de pagos hechos a militares responsables de unidades castrenses que también contrataron con el grupo, de un curioso sistema de 60-40%, que posiblemente consistía en la repartija del dinero del contrato entre los militares o funcionarios corruptos y la empresa "proveedora" que proporcionaba las facturas y remitos de pantalla.

Todo  indica que el Ministerio de Justicia y Trabajo debería implementar  controles más efectivos para evitar dichos   negociados.
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