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La migración de los recursos públicos (exceptuando lo del IPS) desde la banca privada al Banco Nacional de Fomento (BNF) empezó el año pasado, pero recién en noviembre del presente ejercicio se estaría completando el proceso.
Esto implica que a través de esta entidad se estará pagando en forma exclusiva salarios, jubilaciones y pensiones de acuerdo con la ley de presupuesto.
Con la nueva carta orgánica y los recursos disponibles, el BNF apunta a extender el crédito a personas o actividades que anteriormente, por las limitaciones de las garantías, no tenían acceso y esto incluye a trabajadores, cuentapropistas, entre otros, según admitió el titular de la entidad, Carlos Alberto Pereira.
Hay temor desde el sector empresarial que se imponga un manejo político, debido a que entramos en la etapa electoral y el directorio es nombrado por el Ejecutivo, sin participación de los gremios como antes.
El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Eduardo Felippo, advirtió de los peligros de que el BNF preste dinero al sector público, debido a que todavía no hay una institucionalidad confiable, argumentó.
En ese contexto, había insistido en que el sector privado debía permanecer en la estructura para proteger al banco de la política, ya que con la nueva ley puede caer en el vicio de regirse según los intereses políticos de cada gobierno de turno.