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“Históricamente dicho organismo siempre ha incrementado los niveles de gastos por motivos más bien políticos que técnicos”, indica Ramírez, analista del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep).
Explica que cada vez que el Poder Legislativo trata el Presupuesto General de la Nación comienzan las demandas de diferentes grupos sociales a las que se suman los reclamos de la clase política, fundamentalmente del Partido Colorado. “Como sectores de este partido han dejado de estar conformes con la gestión del presidente Cartes, optarían por recurrir directamente a los diputados y senadores para presentar sus peticiones y exigencias de más presupuesto”, añade.
A criterio de Ramírez, otro factor a considerar es el poder que tiene el Senado de modificar por medio de la ley anual del presupuesto otras leyes que regulan la aprobación de la misma, como la Ley de Administración Financiera del Estado y la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). “Un antecedente positivo es que en 2016 se logró cerrar el presupuesto con un déficit acotado dentro del límite que la LRF establece, pero en un año político podría prevalecer la tentación de expandir el gasto para satisfacer los reclamos de clases sociales con sentido proselitista, cuando prime el interés político de ganar votos en las elecciones partidarias y nacionales de 2018”, expresa.
Ramírez sostiene que para el año 2017, antesala de un agitado escenario político, fue presentado el proyecto de presupuesto prudente, en el que se incrementa levemente el gasto en servicios personales, pero no hay aumento de salarios para los funcionarios públicos.
Añade que mantiene el déficit en 1,5% del PIB como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal; prevé un crecimiento del 3,8% del PIB y una inflación del 4,5%, en ambos casos por debajo del promedio histórico. “Se espera un año poco dinámico, afectado por la ralentización de las economías de Brasil y Argentina y del consumo de China”, alega.