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Este proyecto impulsado por Fepasa tiene media sanción del Senado y su tratamiento fue postergado la semana última en la Cámara Baja. Tiene como principales detractores a los frentistas afectados, que lo consideran un emprendimiento con vicios muy parecidos a los del metrobús, ya que no se previó el impacto social de miles de personas, no solo familias, sino, además, empresas, hospitales, escuelas y patrimonios históricos.
Otro aspecto suspicaz es que, en el año 2015, Fepasa había hecho un llamado a precalificación, y los cuatro grupos empresariales que quedaron están conformados por cuestionadas compañías: el consorcio Corsán-Alston (del grupo empresarial que hizo el “superviaducto”), Sacyr Concesiones SRL (con incumplimientos en varias partes del mundo), consorcio Roggio Transporte SA-Benito Roggio e Hijos, y el de Torrescamara-FGV-Vossloh España-Tecnoedil (Roggio y Tecnoedil, con millonarias adjudicaciones en el actual gobierno).