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000 millones, a consecuencia del atraso del pago por 506 hectáreas para el INDI, cuyo precio original fue fijado en solo G. 1.200 millones. Dicho atraso se debe a las reiteradas trabas impuestas por organizaciones mafiosas, para el cobro de coimas a cambio de la liberación de los fondos para el pago de las tierras.El Estado paraguayo, a través de expresas órdenes judiciales, debe abonar ahora a Felipe Nery Páez la suma de G. 5.100 millones por las 506 hectáreas que el Instituto Nacional del Indígena (INDI) había adquirido en el año 2000 por tan solo G. 1.200 millones.
Esta diferencia, de prácticamente G. 4.000 millones que el Estado debe desembolsar de más, se debe a las numerosas trabas con chicanas jurídicas que fueron impuestas al proceso de pago por esas tierras, lo que motivó una demanda por daños y perjuicios de parte de Páez en contra del Estado, por incumplimiento de contrato.
Las costas llegaron incluso a los G. 9.400 millones, suma que luego fue regulada nuevamente por el Tribunal de Apelación Quinta Sala, que fijó finalmente el pago de G. 5.100 millones.
Responsables
La pregunta que surge de toda esta situación es: ¿Quién o quiénes son los responsables de hacer que el Estado paraguayo pague de más unos G. 4.000 millones? De acuerdo con la denuncia de Felipe Nery Páez, desde el momento mismo en que debía recibir el pago por la venta de las tierras al INDI comenzaron las extorsiones dentro mismo de la institución indigenista, a través de los miembros del Consejo de ese entonces.
Posteriormente, la directora jurídica del INDI, abogada Carmen Marcela Orlandini, y la abogada Norma Zelaya se encargan de presentar todo tipo de incidentes jurídicos para evitar el pago correspondiente, incidentes que fueron apelados por Páez y ganando en cada instancia judicial, lo que hacía que la deuda fuera creciendo astronómicamente.
Los "intermediarios"
A pesar de las reiteradas órdenes judiciales de pago, Páez no recibía los recursos del INDI.
Luego aparecería ya una acción judicial (litis) pidiendo la nulidad del título de Páez, promovido por Ramón Iturbe Arévalos, bajo patrocinio del abogado Roberto Ruiz Díaz Labrano.
Lo llamativo del caso es que ni Iturbe ni Ruiz Díaz Labrano presentaron título o documento alguno que justifique el pedido de nulidad de la documentación de Páez, pero la acción fue aceptada, con lo que se trabó una vez más el pago. Curiosamente, ciertos escritos de la abogada Carmen Orlandini (del INDI) y del abogado Roberto Ruiz Díaz Labrano (particular) tienen coincidencias siamesas que hacen sospechar de una asociación para poder estafar.
Comenzaron a aparecer entonces los intermediarios que exigían millonarias sumas de dinero a cambio de hacer que Páez cobre su plata por las tierras vendidas al INDI.
Candidato a la Corte
Según la denuncia de Páez, entre los que pidieron coimas figura el ex candidato a miembro de la Corte Suprema de Justicia y director jurídico de la INC, Dr. Rafael Rojas. Este solicitó a Páez la suma de G. 500 millones para interceder ante el procurador general de la República, Dr. José Enrique García, quien estaría trabando también el pago al denunciante.
Primera dama
Otro de los que aparecen como supuesto "intermediador" es un tal Enrique Arrúa, quien manifestó que trabajaba con la primera dama, Mercedes Lugo de Maidana, hermana del presidente de la República, Fernando Lugo, y exigió el pago de G. 1.000 millones para conseguir el pago con el INDI.
El más ambicioso
Pero el que más dinero pidió fue el litigante Ramón Iturbe Arévalos, quien solicitó 2.500 millones de guaraníes para levantar la litis y hacer que el procurador García habilite el pago correspondiente. Todo esto se halla grabado, filmado y está anexado a la denuncia ante la Fiscalía.
Esta diferencia, de prácticamente G. 4.000 millones que el Estado debe desembolsar de más, se debe a las numerosas trabas con chicanas jurídicas que fueron impuestas al proceso de pago por esas tierras, lo que motivó una demanda por daños y perjuicios de parte de Páez en contra del Estado, por incumplimiento de contrato.
Las costas llegaron incluso a los G. 9.400 millones, suma que luego fue regulada nuevamente por el Tribunal de Apelación Quinta Sala, que fijó finalmente el pago de G. 5.100 millones.
Responsables
La pregunta que surge de toda esta situación es: ¿Quién o quiénes son los responsables de hacer que el Estado paraguayo pague de más unos G. 4.000 millones? De acuerdo con la denuncia de Felipe Nery Páez, desde el momento mismo en que debía recibir el pago por la venta de las tierras al INDI comenzaron las extorsiones dentro mismo de la institución indigenista, a través de los miembros del Consejo de ese entonces.
Posteriormente, la directora jurídica del INDI, abogada Carmen Marcela Orlandini, y la abogada Norma Zelaya se encargan de presentar todo tipo de incidentes jurídicos para evitar el pago correspondiente, incidentes que fueron apelados por Páez y ganando en cada instancia judicial, lo que hacía que la deuda fuera creciendo astronómicamente.
Los "intermediarios"
A pesar de las reiteradas órdenes judiciales de pago, Páez no recibía los recursos del INDI.
Luego aparecería ya una acción judicial (litis) pidiendo la nulidad del título de Páez, promovido por Ramón Iturbe Arévalos, bajo patrocinio del abogado Roberto Ruiz Díaz Labrano.
Lo llamativo del caso es que ni Iturbe ni Ruiz Díaz Labrano presentaron título o documento alguno que justifique el pedido de nulidad de la documentación de Páez, pero la acción fue aceptada, con lo que se trabó una vez más el pago. Curiosamente, ciertos escritos de la abogada Carmen Orlandini (del INDI) y del abogado Roberto Ruiz Díaz Labrano (particular) tienen coincidencias siamesas que hacen sospechar de una asociación para poder estafar.
Comenzaron a aparecer entonces los intermediarios que exigían millonarias sumas de dinero a cambio de hacer que Páez cobre su plata por las tierras vendidas al INDI.
Candidato a la Corte
Según la denuncia de Páez, entre los que pidieron coimas figura el ex candidato a miembro de la Corte Suprema de Justicia y director jurídico de la INC, Dr. Rafael Rojas. Este solicitó a Páez la suma de G. 500 millones para interceder ante el procurador general de la República, Dr. José Enrique García, quien estaría trabando también el pago al denunciante.
Primera dama
Otro de los que aparecen como supuesto "intermediador" es un tal Enrique Arrúa, quien manifestó que trabajaba con la primera dama, Mercedes Lugo de Maidana, hermana del presidente de la República, Fernando Lugo, y exigió el pago de G. 1.000 millones para conseguir el pago con el INDI.
El más ambicioso
Pero el que más dinero pidió fue el litigante Ramón Iturbe Arévalos, quien solicitó 2.500 millones de guaraníes para levantar la litis y hacer que el procurador García habilite el pago correspondiente. Todo esto se halla grabado, filmado y está anexado a la denuncia ante la Fiscalía.