Cargando...
Luego de una conferencia de prensa en el que se habló de otro conflicto campesino, el caso de Santa Lucía de Itakyry, Alto Paraná, Cárdenas fue abordado por la prensa y consultado sobre Marina Cue. El inmueble está ubicado en la jurisdicción de Curuguaty, departamento de Canindeyú, donde se produjo la matanza de policías y campesinos en el 2012.
Al respecto, el presidente del Indert informó que esta semana habrá una nueva reunión sobre el caso entre todos los involucrados, incluyendo campesinos, que piden la liberación de presos y sobreseimiento de imputados, y la familia Riquelme, que dice ser propietaria del inmueble.
Según los datos, los Riquelme recibieron hace más de un mes un borrador de acuerdo para que el Estado recupere las tierras de referencia; sin embargo, el documento no fue aceptado, ya que según lo indicado Cárdenas, “no hay voluntad por parte de los Riquelme para resolver el caso Marina Cue”.
La Procuraduría General de la República informó recientemente que sigue litigando en el caso para que el inmueble esté a nombre del Estado, aunque no hay planes de transferirlo posteriormente a los campesinos.
Es que, por sugerencia de la Secretaría del Ambiente (Seam) las tierras de Marina Cue deben mantenerse como reserva natural y evitar el asentamiento de personas en el lugar, por tratarse de un corredor biológico en el que transitan especies en peligro de extinción, como el yaguareté.
Seam había emitido un dictamen el 23 de octubre de 2014 en el que determinó que el inmueble de referencia no cumple con las características necesarias para que vivan personas, porque eso iría en contra de legislaciones sobre conservación de recursos naturales.
En vista de ello, el Indert prometió buscar otros inmuebles en la zona para ubicar a los sintierras de Marina Cue. La idea es que sigan en la zona de Canindeyú o llevarlos a Alto Paraná, pero hasta la fecha no hay nada concreto.
No obstante, según los datos, los labriegos no solo piden la adjudicación de tierras, sino también la libertad de los campesinos presos tras la matanza ocurrida en el año 2012 y el sobreseimiento de todos los imputados en el caso.