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Cabe recordar al respecto que en tres años la ANDE realizó 5 licitaciones internacionales y en todos los casos las propuestas económicas indicaron que los fondos disponibles resultarían insuficientes para ejecutar los trabajos.
La Ley 1535/1999, “De administración financiera del Estado”, es clara al respecto, establece que se deberá contar con disponibilidad de crédito presupuestario para realizar llamados para contrataciones.
Incluso nunca existió un proyecto ejecutivo para las obras del Yguazú, por lo que resultaría un absurdo adjudicar las obras con base en un “anteproyecto” y adquirir compromisos financieros por trabajos que no estaban definidos y que luego la empresa “ganadora” desarrolle y complete el proyecto ejecutivo durante la construcción, ignorando la obvia incompatibilidad que existe entre las funciones de constructor y consultor para la misma obra (juez y parte), por lo que incluso en caso de ser corregido o cancelado, con toda razón podía ser querellado por quienes hayan resultado ganadores.
Surgen las siguientes preguntas: ¿Qué motivaba entonces a la “rosca” ANDE-Nippon Koei a insistir en la adjudicación de las obras si los números no cerraban? ¿Por qué los consultores nipones eludían a la prensa negándose a ser entrevistados?
La pregunta del millón aquí sería: ¿Corresponde que la ciudadanía pague por el resultado de una gestión dudosa?
La Contraloría y el procurador general de la República deberían investigar posibles daños patrimoniales, qué pasó con el dinero, y a los responsables de la pérdida de esta línea de crédito tan conveniente para el Paraguay, proveniente de los impuestos que paga el noble pueblo trabajador del Japón.