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¿Apartarlos de la sociedad?
Monseñor Claudio Giménez, durante la misa central de Caacupé del domingo 25 de agosto, atribuyó al EPP la matanza de cinco personas ocurrida el 17 de este mes en Tacuatí, afirmando que los autores de dicha mortandad “son agentes de la iniquidad porque mataron, robaron, asaltaron y aniquilaron, por lo cual deben ser apartados de la sociedad”.
Recordó además que la Conferencia Episcopal Paraguaya, organismo que preside, repudió en un comunicado esos asesinatos, apuntando que el homicidio directo y voluntario no tiene justificación alguna.
“Se nota que antes el Gobierno no tenía mucha libertad para actuar en estos casos, pero que ahora, gracias a las modificaciones de la Ley de Defensa Nacional, esto cambió”, pues “les da a las autoridades competentes libertad para accionar”, dijo igualmente. Me gustaría que monseñor Giménez nos aclare, cómo estos agentes de la maldad deberían ser aislados de la sociedad. Imagino nos explicará que de una forma más cristiana que la utilizada en los años de la dictadura estronista, cuando él se desempeñaba como sacerdote en un importante movimiento católico.
Los que teníamos la edad para entender los métodos utilizados por el Gobierno de esa época, sabemos que las oraciones al Todopoderoso no fueron suficientes para evitar los sufrimientos de la gente que fue apartada de la sociedad en aquellos años. Durante esa época estaba muy en boga la doctrina de la seguridad nacional, que colocaba al hombre al servicio ilimitado de una supuesta guerra total contra los conflictos culturales, políticos y económicos derivados de la amenaza del comunismo.
Frente a esos supuestos peligros se limitaron, como en toda situación de apremio temeroso, las libertades individuales, y se institucionalizó la inseguridad de los individuos. Esta ideología, que desarrollaba un sistema represivo en concordancia con el concepto de “guerra permanente”, pretendió justificarse como doctrina defensora de la civilización occidental cristiana.
Dado que la Ley de Defensa Nacional recientemente sancionada pone límites al accionar del Ejecutivo, me agradaría, como a mucha gente, que monseñor Giménez y la CEP, en casos de ser necesario, repudie públicamente en homilías y en conferencias de prensa, la mala praxis que podría acontecer con relación a la aplicación de la ley aludida, no sea que retornemos a la funesta doctrina de la seguridad nacional, que tantos desconsuelos ocasionó a familias paraguayas.
Aníbal Reinaldo Pangrazio
Centro Nacional del Quemado
En la edición del 16 de agosto del diario ABC Color, página 62, he leído un artículo referente al Centro Nacional del Quemado que me causó indignación, sorpresa y hasta una alta cuota de impotencia por las atrocidades que se viven en dicha institución.
Resulta increíble que situaciones como las que se describen en el mencionado artículo sigan dándose en pleno siglo XXI y que tengan que ser miembros de una organización extranjera, quienes denuncien las atrocidades que se cometen en dicho “centro médico”. Los profesionales que regularmente ejercen allí sus funciones darían la impresión de que son aventajados alumnos de un exjefe de investigaciones de triste memoria.
El mencionado artículo, publicado un día después de la asunción del nuevo gobierno, debería ser un toque de alerta para las autoridades y que no solamente tomen las medidas correctivas desde el punto de vista estrictamente profesional, sino en los casos que ameriten, llevar a estos carniceros que fungen de médicos ante las instancias judiciales que correspondan.
Ladislao Gorostiaga F.