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El proyecto es impulsado por la Asociación Central de Jubilados del Sector Civil y fue presentado en la Cámara de Diputados, a través del diputado colorado Óscar Tuma, en julio de 2015.
Establece, entre otros puntos, que “los beneficios pagados por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda a los jubilados del sector civil central serán anualmente actualizados de oficio con base en la nueva matriz salarial vigente desde este periodo fiscal 2015”.
Esto implica, de aprobarse en algún momento el plan, que los haberes de los empleados públicos jubilados se equipararán al salario de los funcionarios activos y beneficiaría a unos 14.830 personas exfuncionarios administrativos (no incluye a los demás, como docentes, policías, militares porque estos tienen un sistema ya de actualización).
La actualización de los haberes para los beneficiarios de la referida Caja hoy se realiza en función al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y este año, desde enero, recibieron un reajuste de 4,5%.
El sector público viene implementando la matriz salarial desde 2015, que en teoría fusiona el 70% de las bonificaciones y gratificaciones al sueldo, pero terminó triplicando las remuneraciones y haciendo más rígido el gasto salarial ya que los “aguinaldo extras” hasta el año pasado se seguían pagando.
Ante estos resultados, contrariamente al interés de los jubilados, varios analistas económicos son partidarios de frenar, eliminar o reformular la matriz, de tal modo a generar espacio para reducir el déficit fiscal en el futuro (el fisco hace seis años consecutivo que cierra con saldo rojo), entre otras medidas que se deben llevar a cabo como el recorte de gastos superfluos.