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El 40 por ciento del total del dinero va a las comunas para inversiones de capital. Ante la falta de control, los intendentes despilfarran los recursos en "asistencias sociales", salarios y obras de pésima calidad. Muchos de ellos se están postulando para el mismo cargo en las próximas elecciones.En la década de los 90, las municipalidades y gobernaciones del país, no afectadas por el embalse de las centrales hidroeléctricas Itaipú y Yacyreta, se movilizaron para conseguir parte de los millones de dólares que las mismas debían abonar a nuestro país en forma anual en concepto de royalties y compensaciones por territorios anegados.
Es que en principio se hablaba de que las beneficiadas iban a ser solamente aquellas municipalidades y gobernaciones ubicadas en los territorios afectados por el embalse de las hidroeléctricas. Mediante las arduas negociaciones y presiones políticas de todos los intendentes y gobernadores del país se logró que el botín alcanzara a todos.
Es así que en 1998 el Parlamento promulgó la Ley 1309/98 que estableció la distribución de los recursos. Una parte quedó para el Gobierno central (50 por ciento) y otra parte a los gobiernos departamentales y municipales (50 por ciento).
Los recursos desembolsados por las centrales dependen de la producción energética. De Itaipú normalmente percibimos unos US$ 300 millones al año en concepto de royalties y de la central Yacyretá entre 60 y 80 millones de la misma moneda, en concepto de compensaciones.
Según la normativa, el 5 por ciento iba para las gobernaciones afectadas por el embalse; otro 5 por ciento para las no afectadas; 15 por ciento para las municipalidades afectadas y 25 por ciento para los no afectados. El 50 por ciento del Gobierno central quedó distribuido de esta manera: 5% para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), 5% al Instituto Nacional de Desarrollo Rural de la Tierra (Indert), y 40% bajo la administración de Hacienda.
Otra normativa promulgada en el 2006 (Ley 2979) estableció por otra parte el destino de esos recursos, el 85 por ciento debían ser destinados a inversiones físicas, es decir a inversiones de capital (obras de infraestructura) y el 15 por ciento a gastos corrientes, pero "para financiar proyectos de inversión, fiscalización de obras o de gastos corrientes vinculados al gasto de capital", según la norma en referencia.
El artículo segundo de la ley en referencia establece asimismo, que las instituciones solo deben aplicar hasta el 20 por ciento a gastos corrientes y el 80 restante a obras, que deben estar regidas por la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.
Pese a la disposición, la mayoría de los intendentes encararon las obras de infraestructura sin la participación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y mucho menos de la Junta Municipal. Las denuncias sobre estos casos abundan.
Una de las prácticas comunes para evitar la fiscalización de Contrataciones Públicas es la transferencia de los recursos al sector privado, específicamente a las comisiones vecinales. Las mismas se encargan de "hermosear las plazas", construir empedrados, puentes, etc., todos de dudosa calidad.
Actualmente, de acuerdo a la rendición de cuentas que presentaron las comunas a la cartera de Hacienda, se pueden observar que una parte importante de esos recursos fueron utilizados en "asistencia social", como es el caso de la municipalidad de Lambaré, que en los ejercicios 2008 y 2009 destinó poco más de G. 1.200 millones a ese rubro, pese a la prohibición legal.
En cuanto a obras ejecutadas, encontramos que los intendentes no convocaron a licitaciones ni tuvieron la aprobación de la Junta para realizarlas.
En la mayoría de los casos las mismas fueron mal encaradas, de pésima calidad y encima sobrefacturadas, según los pocos informes elaborados por la Contraloría General de la República.
Asimismo, encontramos que los intendentes destinaron grandes sumas a pagos de jornales y compras de combustible, pese a que la ley establecía que solo podían gastar hasta el 20 por ciento de esos recursos en gastos corrientes.
En esta serie nos encargaremos de señalar las pésimas obras, los dudosos desembolso y el despilfarro de los recursos por parte de los ex intendentes y actuales candidatos al mismo cargo en las próximas elecciones.
Desembolsos hacen sin plan
De acuerdo al Decreto N° 7888 del 2006, que reglamenta el sistema de distribución de los royalties y compensaciones, los intendentes municipales deben entregar al Ministerio de Hacienda los informes sobre la ejecución presupuestaria de los ingresos, gastos y cumplimiento de metas, en forma cuatrimestral.
En razón de este decreto y de otras leyes, las intendencias debían entregar también sus planes de inversión. Pero desde el 2008, los representantes comunales ya no tienen obligación de presentarlas porque la misma Ley del Presupuesto General de la Nación les deslindó de esta responsabilidad, señalaron a ABC los responsables de la Subsecretaría de Administración Financiera del Estado.
Solo los que no están al tanto de la normativa continúan remitiendo a la cartera sus documentaciones, afirmaron. Quiere decir que dentro de algún tiempo ni siquiera Hacienda tendrá acceso a los supuestos planes de inversión de las comunas, con lo cual el despilfarro de recurso empeorará.
Ahora, con este endeble mecanismo de control, los intendentes violan las leyes, y cuando sepan que no están obligados a remitir sus proyectos, comenzará el mayor festival de la corrupción porque tampoco la Contraloría cumple bien su rol.
Contraloría auditó solo 91 comunas
De acuerdo a datos de la página en internet de la Contraloría General de la República, solamente fueron auditadas al menos 91 instituciones municipales, de las más de 220 existentes.
Un total de 136 informes aparecen, pero algunas muncipalidades fueron auditadas en más de dos y hasta ocho oportunidades, como es el caso de Asunción.
Fernando de la Mora, Luque y Lambaré fueron auditadas en cuatro oportunidades. Justamente uno de los informes de Contraloría, en el caso de la comuna luqueña, se relaciona con obras ejecutadas con los fondos de los royalties. El documento revela sobrefacturaciones, obras inconclusas, con malas terminaciones (ver facsímil en la página).
Esto quiere decir que el máximo ente de control no tiene la capacidad suficiente para investigar todas entidades.
A esto se suma que existe una lista de pedidos de concejales opositores para trabajos de auditorías que la entidad no cumple por falta de personal o simplemente por cuestiones políticas. Al menos esa es la queja de los políticos que solicitaron en algún momento la intervención de la máxima entidad fiscalizadora del país para la investigación de las condiciones en que fueron ejecutadas algunas obras a espaldas de la Junta Municipal y de la misma Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Próxima nota: La Comuna lambareña y los gastos sociales.
Es que en principio se hablaba de que las beneficiadas iban a ser solamente aquellas municipalidades y gobernaciones ubicadas en los territorios afectados por el embalse de las hidroeléctricas. Mediante las arduas negociaciones y presiones políticas de todos los intendentes y gobernadores del país se logró que el botín alcanzara a todos.
Es así que en 1998 el Parlamento promulgó la Ley 1309/98 que estableció la distribución de los recursos. Una parte quedó para el Gobierno central (50 por ciento) y otra parte a los gobiernos departamentales y municipales (50 por ciento).
Los recursos desembolsados por las centrales dependen de la producción energética. De Itaipú normalmente percibimos unos US$ 300 millones al año en concepto de royalties y de la central Yacyretá entre 60 y 80 millones de la misma moneda, en concepto de compensaciones.
Según la normativa, el 5 por ciento iba para las gobernaciones afectadas por el embalse; otro 5 por ciento para las no afectadas; 15 por ciento para las municipalidades afectadas y 25 por ciento para los no afectados. El 50 por ciento del Gobierno central quedó distribuido de esta manera: 5% para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), 5% al Instituto Nacional de Desarrollo Rural de la Tierra (Indert), y 40% bajo la administración de Hacienda.
Otra normativa promulgada en el 2006 (Ley 2979) estableció por otra parte el destino de esos recursos, el 85 por ciento debían ser destinados a inversiones físicas, es decir a inversiones de capital (obras de infraestructura) y el 15 por ciento a gastos corrientes, pero "para financiar proyectos de inversión, fiscalización de obras o de gastos corrientes vinculados al gasto de capital", según la norma en referencia.
El artículo segundo de la ley en referencia establece asimismo, que las instituciones solo deben aplicar hasta el 20 por ciento a gastos corrientes y el 80 restante a obras, que deben estar regidas por la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.
Pese a la disposición, la mayoría de los intendentes encararon las obras de infraestructura sin la participación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y mucho menos de la Junta Municipal. Las denuncias sobre estos casos abundan.
Una de las prácticas comunes para evitar la fiscalización de Contrataciones Públicas es la transferencia de los recursos al sector privado, específicamente a las comisiones vecinales. Las mismas se encargan de "hermosear las plazas", construir empedrados, puentes, etc., todos de dudosa calidad.
Actualmente, de acuerdo a la rendición de cuentas que presentaron las comunas a la cartera de Hacienda, se pueden observar que una parte importante de esos recursos fueron utilizados en "asistencia social", como es el caso de la municipalidad de Lambaré, que en los ejercicios 2008 y 2009 destinó poco más de G. 1.200 millones a ese rubro, pese a la prohibición legal.
En cuanto a obras ejecutadas, encontramos que los intendentes no convocaron a licitaciones ni tuvieron la aprobación de la Junta para realizarlas.
En la mayoría de los casos las mismas fueron mal encaradas, de pésima calidad y encima sobrefacturadas, según los pocos informes elaborados por la Contraloría General de la República.
Asimismo, encontramos que los intendentes destinaron grandes sumas a pagos de jornales y compras de combustible, pese a que la ley establecía que solo podían gastar hasta el 20 por ciento de esos recursos en gastos corrientes.
En esta serie nos encargaremos de señalar las pésimas obras, los dudosos desembolso y el despilfarro de los recursos por parte de los ex intendentes y actuales candidatos al mismo cargo en las próximas elecciones.
Desembolsos hacen sin plan
De acuerdo al Decreto N° 7888 del 2006, que reglamenta el sistema de distribución de los royalties y compensaciones, los intendentes municipales deben entregar al Ministerio de Hacienda los informes sobre la ejecución presupuestaria de los ingresos, gastos y cumplimiento de metas, en forma cuatrimestral.
En razón de este decreto y de otras leyes, las intendencias debían entregar también sus planes de inversión. Pero desde el 2008, los representantes comunales ya no tienen obligación de presentarlas porque la misma Ley del Presupuesto General de la Nación les deslindó de esta responsabilidad, señalaron a ABC los responsables de la Subsecretaría de Administración Financiera del Estado.
Solo los que no están al tanto de la normativa continúan remitiendo a la cartera sus documentaciones, afirmaron. Quiere decir que dentro de algún tiempo ni siquiera Hacienda tendrá acceso a los supuestos planes de inversión de las comunas, con lo cual el despilfarro de recurso empeorará.
Ahora, con este endeble mecanismo de control, los intendentes violan las leyes, y cuando sepan que no están obligados a remitir sus proyectos, comenzará el mayor festival de la corrupción porque tampoco la Contraloría cumple bien su rol.
Contraloría auditó solo 91 comunas
De acuerdo a datos de la página en internet de la Contraloría General de la República, solamente fueron auditadas al menos 91 instituciones municipales, de las más de 220 existentes.
Un total de 136 informes aparecen, pero algunas muncipalidades fueron auditadas en más de dos y hasta ocho oportunidades, como es el caso de Asunción.
Fernando de la Mora, Luque y Lambaré fueron auditadas en cuatro oportunidades. Justamente uno de los informes de Contraloría, en el caso de la comuna luqueña, se relaciona con obras ejecutadas con los fondos de los royalties. El documento revela sobrefacturaciones, obras inconclusas, con malas terminaciones (ver facsímil en la página).
Esto quiere decir que el máximo ente de control no tiene la capacidad suficiente para investigar todas entidades.
A esto se suma que existe una lista de pedidos de concejales opositores para trabajos de auditorías que la entidad no cumple por falta de personal o simplemente por cuestiones políticas. Al menos esa es la queja de los políticos que solicitaron en algún momento la intervención de la máxima entidad fiscalizadora del país para la investigación de las condiciones en que fueron ejecutadas algunas obras a espaldas de la Junta Municipal y de la misma Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Próxima nota: La Comuna lambareña y los gastos sociales.