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Consultado sobre si el Gobierno va a seguir poniendo plata para la reactivación del ingenio, el secretario de Estado respondió: “El Estado hizo un esfuerzo extraordinario: le deben plata a la ANDE, al IPS, que no es del Estado sino de los trabajadores; una parte del dinero que debían a los obreros y a los cañeros (G. 15.000 millones) el Gobierno salió a poner para que la Navidad de estas personas (en 2014) fuera menos terrorífica nomás. Entonces, lo que acá corresponde es decirles a los exdirectivos que dejen de ‘patotear’ al Poder Judicial de Villarrica. Estamos podridos de sus chicanas. Ellos tienen que hacerse cargo de sus macanas, y que enfrenten a la justicia. A eso corresponde una quiebra, ya lo dijo el procurador”, enfatizó.
Al aclarar más sobre las “macanas” perpetradas por los exdirectivos de la azucarera, explicó que estos presentaron dentro de la convocatoria de acreedores lo que estaba ya en el fideicomiso. “Y es más, tengo información de que esos mismos bienes también están en un ‘warrant’. O sea que esto va a ser un escándalo de proporciones a nivel judicial y hay que propiciar que quienes hicieron mal su trabajo enfrenten a la justicia”, aseveró.
Añadió que lo que corresponde es la quiebra, que el síndico convoque a los acreedores y les diga que la única forma de poder cobrar es la quiebra, teniendo en cuenta que son cada vez menos los activos para responder, y que se pueda reactivar la empresa de una “manera solidaria” entre todos (trabajadores, cañeros y proveedores). Agregó que el único interés del Gobierno es que los cañeros tengan un lugar donde vender su caña dulce, aunque el ingenio está cerrado hace dos años.
Hierros viejos
Preguntado sobre qué pasaría después de la quiebra, dijo que no cree que los acreedores quieran rematar la planta como “hierro viejo”, aunque están en su derecho. “Lo que hay que hacer es apartar a los directivos que durante mucho tiempo le sacaron el jugo y la sangre a la gente de Iturbe y que enfrenten a la justicia, y que un síndico de quiebras serio llame y plantee la reactivación, porque es la única forma de cobrar”, concluyó.
SOLICITUD DE LA QUIEBRA
La Procuraduría solicitó la quiebra de la empresa, dado que el Estado es acreedor por un aporte de G. 15.000 millones para el pago de deudas a cañeros y de salarios atrasados de los obreros de la fábrica. Igualmente, la firma privada tiene deudas con otros organismos públicos, como el Ministerio de Hacienda, la ANDE y el Instituto de Previsión Social (IPS). El pedido de quiebra se fundamenta en falseamientos de datos, pues los directivos de la Azucarera Iturbe SA declararon como activos bienes por valor de US$ 40 millones, que ya no son propiedad de la empresa, pues fueron transferidos a un fideicomiso para garantizar el pago crediticio a entidades bancarias. Estos bienes están en proceso de remate.