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Ruoti explicó a ABC Color que a esta conclusión se llegó luego de que el tema fuera analizado por especialistas de varios países que participaron de un curso sobre “Análisis de la responsabilidad tributaria”, realizado por la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina, la semana pasada.
La abogada tributarista indicó que corresponde presentar la inconstitucionalidad por la eliminación de la figura de compensación por pérdida fiscal proveniente de inversiones y el límite a las inversiones, establecida en la ley del impuesto a la renta personal (IRP).
Sostuvo que existen fallos que dicen que la acción judicial debe ser presentada sin necesidad de demostrar el perjuicio causado cuando va en contra de derechos consagrados en la Constitución Nacional y también en contra del Pacto de San José de Costa Rica sobre Derechos Humanos.
Dijo que uno de los derechos humanos, precisamente, es que se respete el principio de legalidad en un país y el que la viola debe pagar con sus propios actos. En ese sentido, expresó que la viceministra de Tributación, Marta González Ayala, debe responder con sus propios bienes la eliminación de la compensación por pérdida fiscal.
“Si no responsabilizamos a los funcionarios de su actuar, no vamos a lograr la vigencia del Estado de derecho, aquí no hay nada personal, nada particular contra la viceministra, solamente una obligación como ciudadana de velar por la vigencia del Estado de derecho y que una figura establecida por los congresistas, que se llama compensación por pérdida fiscal, no sea eliminada por una persona, en este caso la viceministra Marta González”, afirmó.
Nuevo gobierno
Ruoti indicó que la presentación se realizará tras el cambio de gobierno (las elecciones se llevarán a cabo el próximo mes y el nuevo gobierno asumirá en agosto), a fin de preservar la vigencia del Estado de derecho y no venga otro viceministro o viceministra, de ninguna repartición estatal, a establecer tributos modificando la ley.
A criterio de la abogada tributarista “tarde o temprano llegará la justicia”.
En el caso de la responsabilidad del presidente de la República, Horacio Cartes, Ruoti señaló que también fue analizada y se determinó que en la mayoría de los países no tiene una responsabilidad personal al establecerse un decreto y dejó en claro que la responsabilidad la tiene aquella persona que hace cumplir el decreto inconstitucional.
Consulta no vinculante
En esta controversia sobre el IRP entre la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y el sector privado, que viene desde el año 2016, los gremios empresariales solicitaron a la SET a través de una consulta no vinculante que aclare su interpretación sobre la deducibilidad de las inversiones en acciones y cuotas de las sociedades. En ese sentido, pusieron un plazo de 30 días para tener una respuesta clara, precisa, sin ambigüedades.
Para la abogada tributarista Nora Ruoti, los empresarios erraron al presentar sus mismos argumentos sin decir que el problema no son las inversiones de las SAECAS, sino la eliminación de la compensación por pérdida fiscal.