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En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) estiman que en la mañana de hoy se levantará al portal de Contrataciones Públicas la nueva fecha de presentación de ofertas, en el marco de la licitación pública internacional N° 52/2017 “para la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en Emboscada y la provisión de equipamientos”. Así lo informó ayer a este diario Lise Vera, directora de la Unidad Operativa de Contrataciones, de dicha cartera.
La decisión de postergar la fecha de apertura de sobres se debe a la recomendación hecha por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) el viernes último, en la resolución N° 1539/18. A través de este documento, la DNCP ordenó la apertura de la protesta promovida por la firma Aponte Latorre SA, representada por Carlos Latorre, en contra el PBC del llamado en cuestión (ID 339.362).
Pero esa no es la única empresa que impugnó el pliego, también lo hicieron las firmas Estructura Ingeniería SA (representada por Salvador Gustavo Gianninoto), Excavaciones y Canales SA (José Fernando Segovia) e Ingeniería Aplicada SA (Diego Martínez Burgos) entre los meses de marzo y abril. En estos casos, Contrataciones hizo lugar sólo parcialmente a las protestas (ver facsímil).
De acuerdo con los documentos del caso, en febrero pasado la DNCP ordenó además la apertura del procedimiento de investigación de oficio por aparentes irregularidades en el marco de la licitación del MOPC, aunque hasta hoy no se ha informado de los resultados de ese proceso.
Llamado estaría dirigido
En lo que respecta a las protestas, uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con la exigencia de requerimientos financieros excesivamente altos, sin una justificación suficiente que amerite la consignación de los mismos por encima de la media exigida en licitaciones similares para obras del Estado. A entender de las empresas, eso “constituye una clara limitación a la libre competencia y un posible direccionamiento”, según se lee en una de las notas presentadas a Contrataciones.
Normalmente, en las licitaciones se exige a los oferentes en lo que respecta a capacidad financiera contar con capital operativo de entre 15% y 30% del monto total de la obra, mientras que en este proceso de Obras Públicas, el requisito planteado inicialmente fue 80% y, luego tras una adenda, 50%. Por este motivo, estiman que hay un direccionamiento ya que como mucho, una o dos empresas locales podrían cumplir con ese requisito, o bien, únicamente lo haría una firma internacional.
Precisamente, los gremios de constructores y vialeros, como la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y la Asociación Paraguaya de Carretas (APC), han cuestionado a la actual administración del MOPC, cuyo titular es Ramón Jiménez Gaona, por llevar adelante megalicitaciones adjudicadas a firmas extranjeras, que terminan subcontratando a empresas locales por precios muy por debajo de los adjudicados. Eso, en lugar de proyectar que las obras grandes se desarrollen en varios tramos pequeños, de modo a fomentar participación.
También se cuestionaron las reiteradas modificaciones en los aspectos técnicos del pliego y “las oscuras condiciones desarrolladas” en el mismo, según se lee en otra nota que habla de “limitaciones desproporcionadas e irracionales”.
Los datos oficiales del MOPC indican que el precio referencial de la ejecución de este llamado es G. 397.824 millones. La convocatoria se hizo “ad referéndum”, es decir, está pendiente de la aprobación presupuestaria.