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Valiéndose de una resolución del juez Humberto Otazú, en la que se menciona que el cargamento en cuestión “queda a disposición de la Aduana”, ayer, representantes de las empresas dueñas de la carga y agentes aduaneros procedieron a hacer el traslado de esta mercadería, a pesar de la oposición de la fiscala que atiende el caso, Carmen Gubetich de Cattoni.
Se trata de un cargamento que fue ingresado al país el 7 de octubre de 2014 en dos contenedores, por el puerto de Villeta, único habilitado por Aduanas para el despacho de agroquímicos. La carga correspondía, supuestamente, a 24.000 kilos de glifosfato. Tras la verificación se comprobó que en uno de ellos había 750 cajas (unos 4.600 kilos) de pesticidas benzoato de emamectina, un producto que no figuraba en los despachos del cargamento.
El benzoato de emamectina tiene un rango de 36% de concentración, que está por encima del 10% máximo permitido para su importación al país. Este agroquímico tiene una partida arancelaria de casi el 30% (para pagar impuestos), mientras que el glifosfato no llega ni siquiera al 15%.
Ayer se presentaron en el depósito de la fiscalía, en Loma Pytã, los abogados Braulio Machuca y Jorge Daniel Renault, en representación de las firmas “Ercar SA” y “Campos del Sur SA”, supuestas dueñas de la carga. Sin embargo, ambos no pudieron demostrar ante la fiscala que “Ercar” tiene registro del Senave para importar productos.
La fiscala Gubetich de Cattoni estudia tres delitos posibles en este caso: evasión, contrabando e ingreso de productos prohibidos.
Para la fiscalía, es un error el traslado de este cargamento, ya que lo normal y jurídicamente correcto en estos casos es que el producto investigado permanezca en el depósito fiscal hasta que se terminen las pesquisas.