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Se trata de Paul Ojeda, quien lideró el equipo de auditores de la Contraloría General que en abril pasado emitió un dictamen técnico que recomendó la cancelación de la licitación para la modernización del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, vía Alianza Público-Privada (APP).
Antes de emitir ese informe, el referido equipo trabajó meses analizando toda la documentación que previamente le habían requerido al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La auditoría en cuestión había sido solicitada por un grupo de legisladores que denunció irregularidades en la licitación.
La recomendación emitida por los auditores de la Contraloría liderados por Ojeda se basó principalmente en la falta de una precalificación previa, que permitió, según el informe técnico, que se presentaran oferentes no aptos. En tal sentido, los tres grupos empresariales que se presentaron (Sacyr-Agunsa, Vinci-TOCSA, Cedicor-Caminos Viales del Uruguay) tenían impedimentos para participar, los cuales fueron mencionados en ese informe.
Al oferente que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) quiere adjudicar -Sacyr Agunsa- le cuestionaron en su momento la presentación de una declaración jurada de contenido falso, en la que negaba antecedentes y trámites judiciales referidos a sus obras en varios países.
Al respecto, la Contraloría cuestionó también la falta de coherencia entre las disposiciones contenidas en la Ley y en el Pliego de Bases y Condiciones respecto al régimen de incompatibilidades para ser oferentes. El pliego en cuestión fue elaborado por el propio MOPC.
“No fue destitución, sino traslado”
Sobre el tema, el contralor Enrique García rechazó ayer que la destitución de Ojeda haya sido una “vendetta” del gobierno por el dictamen que está complicándole las cosas al MOPC. Según él, lo de Ojeda no fue una destitución, sino un “traslado”.
“Él salió de la dirección general y se fue a una dirección de área”, explicó al ser consultado por nuestro diario, y aseguró que si se hubiera tratado de un “pase de factura”, el destituido hubiese sido él y no el firmante de un dictamen técnico.
El padre del auditor es miembro de la sala del Tribunal de Cuentas en que cayó la acción de nulidad planteada por el MOPC y el mismo se inhibió de intervenir, dada su relación de parentesco.