Llamado también contempla la posibilidad de exportación

El titular de la ANDE sostuvo también que le encantaría que, paralelamente, la gente del Chaco o los miembros de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) se decidan a desarrollar proyectos de regadíos, cuyo potencial de uso de energía es de 1.000 megas más o menos.

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En este último caso, dijo que la ANDE está en condiciones de vender a los productores un “bloque de energía” para regadío y colocarles unos medidores, con lo cual podría aumentar de manera fuerte el Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Preguntado si con esto la ANDE quiere establecer una previsibilidad, contestó que la idea es generar un mapa de todos los posibles grandes consumidores. “A los pequeños, al auto eléctrico vamos a ir por otro lado, de la tarifa, pero a los grandes no se les puede ir por el lado del pliego tarifario, por eso no vienen”, dijo.

Sobre el tema, el ingeniero Ferreira añadió que por esa razón que el pliego vigente para las electrointensivas “no es suficiente”, porque de lo contrario “estarían lloviendo acá” empresas de este porte. Hoy tenemos apenas 12 megas para este sector”, acotó el alto funcionario del ente estatal.

Relevamiento

Preguntado cuál sería la alternativa al pliego tarifario vigente para las electrointensivas, contestó: “Primero tener un relevamiento y después saber cuánto estarían dispuestas las empresas a pagar, porque eso va a ser muy variable, según el tipo de consumo. A nosotros en estos momentos nos interesa todo lo que sea interrumpible, teniendo en cuenta lo que es nuestro verano”.

Agregó que los contratos con las binacionales se cierran en setiembre de cada año, y la ANDE quiere tener todo esto lo antes posible. “Además, ellos (Brasil) quiere cerrar tres o cuatro años de contratación hacia adelante, nosotros tenemos que tener una idea de qué podemos prever con las entidades binacionales”, subrayó.

Cabe recordar que tras producirse un impasse entre Eletrobras y la ANDE sobre el nivel de contratación de potencia, el caso pasó a ser negociado a nivel de cancillerías.

En ese contexto, Brasil propuso definir un cronograma de contratación de largo plazo (2019-2022), un año antes de la revisión del Anexo C de Itaipú.

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