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Las funcionarias del Incoop afectadas por la disposición judicial son Pilar Falcón y Rosana Oviedo, quienes se desempeñaban como interventoras de la citada entidad solidaria.
De acuerdo con los datos, en noviembre de 2014, el juez en lo civil Antonio Rivarola, de la citada localidad, ordenó un embargo preventivo por G. 1.300 millones, más G. 130 millones por gastos de justicia, en el marco de un juicio promovido por Andrés Álvarez en contra de Osvaldo Franco López, titular de una cuenta de ahorros depositada en la Cooperativa Coronel Oviedo.
Según Humberto González, titular del órgano regulador de las entidades solidarias, la imputación de las interventoras de la institución no corresponde, ya que, en la fecha del citado proceso, la diligencia o gestión de la administración estaba a cargo del consejo directivo de la Coop. Coronel Oviedo Ltda., cuyo titular era Marcos Balmóriz.
Acotó que, tras la notificación del juzgado, los dirigentes de la cooperativa comunicaron que harían un depósito en una cuenta abierta a nombre del presente juicio y a la orden del juzgado, por la suma de G. 500.000 en pago semanal, en razón de que la cooperativa atravesaba por un desfase económico y no contaba con la cantidad requerida por el juzgado.
González indicó además que resulta llamativo que Osvaldo R. Franco, quien se desempeñaba además como integrante del consejo directivo, haya sido demandado por su propio sobrino. “No tengo prueba de que haya sido un contubernio, pero resulta llamativo”, indicó.
Dijo también que el interés de 20.000 socios es superior al de uno solo, y que Franco en otras ocasiones ya intentó retirar esa suma de dinero, que por una disposición de la comisión interventora solo se puede retirar la cantidad de G. 2 millones mensualmente por ahorrista.
González comentó que la devolución discriminada de ahorros y el no cumplimiento del plan de acción para el salvataje de la cooperativa fueron las principales causantes para la segunda intervención, ordenada este año, donde se volvió a asignar a Pilar Falcón y Rosana Oviedo como interventoras. Esta segunda intervención está todavía vigente actualmente.
Antecedentes
Luego de la primera intervención, el Incoop constató varias irregularidades en torno a una inversión con financiamiento externo para la instalación de una planta alcoholera, que desde su funcionamiento solo arrojó pérdidas.
La fábrica de etanol costó US$ 16 millones y comenzó a funcionar en el 2011, pero nunca alcanzó su capacidad debido a la baja producción de la caña de azúcar, consecuencia a su vez de sequías sucesivas y, luego, por la baja de precios que afectó el ingreso de los cañeros.