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El día 12 del presente mes, la Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción de la Conatel remitió un memorando al presidente del ente, Andrés Gubetich, en el que solicita un peritaje al pliego de bases de la licitación para otorgar G. 18.700 millones del Fondo de Servicios Universales (FSU), según copia a la que tuvimos acceso. Establece un plazo de diez días hábiles para “que el profesional elegido presente su informe”. El memorando lleva la firma de la abogada Domitila Brizuela, jefa de la unidad.
Pero antes de solicitar el peritaje, Brizuela envió el 7 de noviembre un memorando a la Gerencia de Planificación y Desarrollo para informar sobre una denuncia anónima que recibieron el día 6 a través del portal de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), relacionada a la licitación, a la que se refería como “alevosamente dirigida a una empresa denominada TSV (Tecnología, Servicio y Vigilancia)”. Pidió la copia del pliego de bases, del contrato 53/2017 y el descargo de la gerencia “antes de proceder a abrir la investigación preliminar”.
Buscamos en el portal de la Senac el estado de la denuncia anónima, pero la última actualización de la página fue el 22 de agosto. Paró a los siete días de la asunción del nuevo gobierno.
El jueves último el Ing. Martín Gómez, técnico de Conatel consultado por nuestro diario sobre el caso, dijo que “la Policía pidió la tecnología FDM y que además no pueden arriesgarse a comprar un sistema híbrido que luego no sirva”.
Los datos dan cuenta de que la Policía opera con el sistema FDM desde hace tiempo. La tecnología es cara e incompatible con otras.
La licitación de Conatel incluye una central de monitoreo, torres de transmisión; provisión de 60 cámaras para Encarnación; 60 para Ciudad del Este; 30 para San Ignacio; 15 para Cnel. Oviedo y 8 para Caaguazú. Deberán reconocer rostros y placas de vehículos.
Lo que se cuestiona
La licitación de la Conatel para otorgar el subsidio del FSU de G. 18.700 millones para la provisión e instalación de cámaras para el 911 en cinco ciudades es cuestionada por algunos sectores porque supuestamente colisiona con la libre competencia que garantiza la Constitución. El regulador hace un llamado licitatorio, pero al parecer un solo oferente puede proveer, por tener la tecnología FDM que exige el pliego de bases. La Policía implementó en 2012 el sistema FDM, incompatible con otras tecnologías, según alegan los detractores, que defienden sistema híbridos.