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En nuestra edición del lunes último publicamos una carta remitida por Alfredo Jaeggli (h) a la dirección de nuestro diario; en el documento insiste en su derecho a cobrar cuatro millones de dólares por una finca de 1.500 hectáreas que nunca transfirió al Estado paraguayo.
Alfredo Jaeggli (h) pretende el absurdo: cobrar por una tierra que no entregó.
El negocio es resultado de un contrato firmado el 12 de agosto de 2008, tres días antes de que Fernando Lugo asuma la Presidencia de la República.
El contrato de compra-venta fue firmado por el entonces ministro de Obras Públicas, Roberto González. La contraparte estaba integrada por Alfredo Jaeggli (h), Esteban Serrati Codas y Aníbal Gavilán.
Se negoció el inmueble en dos millones de dólares, al cambio de aquel momento. El día antes de la firma del contrato, 11 de agosto, el MOPC ya autorizó el millonario pago.
El contrato no estaba firmado todavía, pero el MOPC tenía listo el cheque para el pago de dos millones de dólares por 1.500 hectáreas ubicadas por mandato judicial en el distrito de Itakyry, en el departamento de Alto Paraná.
Resulta evidente el apuro por concretar la transferencia de fondos ante el inminente cambio de autoridades. El 11 de agosto estaba listo el cheque y el 12 recién se tenía previsto firmar el contrato.
Detalles de la “compra”
La compra de tierras fue autorizada por resolución Nº 910 del 11 de agosto de 2008 y la entrega estaba prevista para una comunidad de la parcialidad Ava Guaraní de Itakyry. El inmueble formaba parte del componente ambiental en la construcción de rutas en la región.
El contrato firmado entre las partes obligaba a transferir la tierra a nombre del Estado paraguayo. Tal transferencia nunca se concretó; de hecho, a juzgar por el apuro en entregar el cheque, todo indica que no importaba tanto entregar la tierra como cobrar el dinero.
Efraín Alegre, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, anuló el contrato de compra-venta del inmueble.
Alfredo Jaeggli (h) inició una serie de acciones judiciales en procura de cobrar por una tierra que no transfirió al Estado, pero nunca atacó judicialmente la resolución de Efraín Alegre, por lo tanto el compromiso de pago no existe.
A esto se suma que nunca realizó la transferencia de la finca de Itakyry, tal como establecía el contrato con el MOPC.
Pretende violar la ley
Alfredo Jaeggli, padre, ocupó el cargo de presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, sabe mejor que nadie que un presupuesto no incluye obligación en la ejecución; sería interesante que ilustre a su hijo sobre el funcionamiento del Estado paraguayo.
Por otro lado, el 12 de agosto de 2018 se promulgó la Ley 6.026 “Que aprueba el Presupuesto General de Gastos de la Nación”.
El artículo 145 de la ley dice: ”En los casos de adquisición de inmuebles, la Convocante no podrá realizar pago alguno antes de la suscripción de la escritura de transferencia ante escribano público” (negritas son nuestras).
El texto de la ley 6026 es absolutamente claro: no se paga sin transferencia previa ante escribano público.
Para que el Estado pueda aceptar la escritura pública, se debe entregar la posesión del inmueble, la finca debe estar libre de ocupantes y no debe existir superposición de títulos en los Registros Públicos.
El inmueble que Alfredo Jaeggli (h) pretende cobrar no reúne ninguno de estos requisitos. No termina aquí, el Servicio Nacional de Catastro incluyó observaciones en el certificado catastral que demuestran graves irregularidades en el título de propiedad, por eso no logra concretar la transferencia.
Como señalamos al inicio, Alfredo Jaeggli (h) pretende un absurdo: cobrar por una tierra que no entregó.
Un Poder Judicial a su medida se encargó de imponer al Estado paraguayo la obligación de pagar cuatro millones de dólares sin cumplir la obligación de transferencia previa.
Alfredo Jaeggli (h) puede exhibir un listado de sentencias favorables, pero no puede responder una pregunta sencilla: ¿Dónde está la tierra que pretende cobrar?
roque@abc.com.py