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Con un lleno total en el salón de conferencias de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) se llevó a cabo ayer un ferviente debate sobre las implicancias del proyecto que crea la superintendencia de pensiones y un consejo asesor, con los referentes del sector empresarial y del grupo de trabajadores. Cabe señalar que el referido plan ya cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Diputados.
Luego de dos horas de debates, todos los asistentes coincidieron en que el proyecto, tal como fue planteado por el Poder Ejecutivo, debe ser rechazado e, incluso, ya se lanzó amenazas de movilizaciones. De hecho que el sindicato de la ANDE fue uno de los primeros en impulsar manifestaciones en torno al tema.
La mayoría de los representantes de gremios critican que el proyecto del Ejecutivo quita autonomía a las cajas en cuanto al manejo de los recursos. Aldo Snead, titular de la Central Unitaria de Trabajadores, criticó que la participación en el Consejo asesor será mayormente del sector público.
“Tenemos historias negras sobre vaciamientos, que nos hacen dudar de que ese control total de los recursos tenga que recaer en manos del Gobierno”, indicó.
Además, está conformación exclusiva del sector público en el Consejo Asesor no asegura la independencia que se espera, afirmó a su vez Beltrán Macchi, dirigente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP).
Finalmente, los gremios ayer representados emplazaron por ocho días al Senado, que tiene a su cargo ahora el estudio, para que rechace el referido proyecto de ley y amenazaron con movilizaciones de no haber respuesta en el tiempo señalado.
Si bien hay una cierta coincidencia en la necesidad de un supervisor de los fondos jubilatorios, el gran dilema es la conformación de la superintendencia de pensiones y el consejo asesor.
El presidente electo, Mario Abdo Benítez, se habría comprometido en interceder ante la Cámara Alta a fin de intentar convencer a los legisladores para postergar el tratamiento para después del 15 de agosto próximo, según lo manifestado por referentes de la Coordinadora Nacional de Funcionarios Públicos Jubilados y Activos del Sector Civil.
Sin embargo, no todos los sindicatos del sector público están en contra. Ayer por la tarde mediante un comunicado, la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay manifestó estar de acuerdo con la regulación y control de los fondos jubilatorios para dar seguridad a los aportantes y transparentar las inversiones de los fondos. Un sector de los jubilados bancarios también apoya parcialmente el plan.
Actualmente, más de US$ 3.500 millones de los fondos jubilatorios están depositados en las entidades del sistema financiero local, de los cuales unos US$ 3.000 millones corresponden al IPS y Caja Fiscal.
Hacienda apura tratamiento
Por su parte, la ministra de Hacienda, Lea Giménez, en una nota dirigida al titular del Senado, Fernando Lugo, este lunes ya se anticipó a los hechos e incidentes que puedan surgir en los próximos días. La jefa del Equipo Económico se puso a disposición del Congreso y sus distintas comisiones para aclarar las dudas que surgen sobre el plan y solicitar el tratamiento urgente del mismo. “Estamos convencidos sobre la importancia y la necesidad urgente del mismo”, expresa parte de la nota. El proyecto fue presentado por el Ejecutivo el pasado 4 de abril y cuenta ya con media sanción de Diputados.