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“Nos tiraron aquí y nos dejaron de balde”, afirmó Antonio Farías, dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) asentado en la colonia María Nidia. Aparentemente, el Gobierno no liberó todas las parcelas y algunas hectáreas de tierras siguen en manos de terceros, de acuerdo con lo explicado. Por ese motivo, la distribución del Indert produjo malestar.
Sobre el proceso jurídico, Farías señaló que está en manos del fiscal Troadio Galeano, “conocido por perseguir a campesinos y por haber metido presos a muchos compañeros”.
“No entendemos bien la demanda, porque en la carátula dice que es por ‘producción de riesgos comunes’ pero adentro del expediente se habla de ‘homicidio doloso’, todo esto con testigos falsos”, afirmó el dirigente.
El MCP presentó el caso al Indert, considerando que, si bien el conflicto es jurídico, se da como consecuencia de la distribución de tierras. Pero las autoridades del ente se limitaron a ofrecer un abogado y luego se desentendieron. Hoy, 22 campesinos ya fueron llamados por el fiscal para declaración indagatoria, entre ellos, dos ancianos.