Cargando...
El dirigente empresarial criticó la manipulación del presupuesto en el Congreso para otorgar a funcionarios aumentos salariales a escondidas, sin que estén contemplados en el proyecto presentado por el Ejecutivo.
“Si el Ministerio de Hacienda establece una política salarial y después, unilateralmente, los fantasmas del Congreso la cambian, esto ya es una anarquía”, sostuvo el titular de la UGP.
Cristaldo se refirió así a los 2.123 funcionarios que fueron beneficiados con aumentos salariales, otorgados directamente por legisladores durante el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2019.
Estos incrementos salariales no estaban contemplados en el proyecto del Ejecutivo, pero mediante padrinazgos políticos en el Parlamento modificaron el anexo de personal de 36 instituciones.
Con este procedimiento llevado a cabo de manera silenciosa, los sueldos de la clientela política aumentaron incluso hasta un 251%, según se maneja.
El empresario agregó que en el Parlamento entra un proyecto, se vota sin modificaciones, pero finalmente sale otro proyecto. En ese sentido, reclamó seriedad y que la potestad que da el pueblo a sus representantes sea usada para beneficio del país y no para beneficio personal.
Indicó que por este tipo de cosas es lo que se insiste desde el sector privado en mejorar el gasto del Estado y no aumentar tributos, como se viene manejando desde el sector público.
“Cuánto nos cuesta la actividad política de los politiqueros”, preguntó y reiteró que mientras no se hagan los ajustes en el gasto público, no se debe, de ninguna manera, subir los impuestos.
Recordó que en 2004 se hizo la reforma impositiva y aumentaron los ingresos, pero también los gastos, por lo que si se va a seguir de esa manera, “no habrá reforma impositiva que aguante”.
A su criterio, se debe hacer una reforma para ajustar el sistema tributario, pero no elevar las tasas. En ese sentido, indicó que deberá revisarse la capacidad de gestión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para que reduzca la evasión.
Con respecto al gasto, señaló que debe reformularse la matriz del presupuesto, para que sea por resultados y no se mida por ejecución, como sucede actualmente. “Hay una mezcla de mala gestión con corrupción que muestra resultados que no están llenando la expectativa de la gente”, finalizó.
En marzo vence el plazo
La Comisión Técnica Económica Tributaria, conformada por representantes del sector privado y del sector público, tiene tiempo hasta marzo para llegar a un consenso sobre el proyecto de ley de reforma integral del sistema tributario para presentar a consideración del Congreso. De acuerdo con lo que se maneja en forma extraoficial, existen criterios opuestos para la toma de decisiones, ya que, por un lado, algunos sostienen que debe mantenerse el nivel de las tasas y otros plantean elevarlas. Sobre las actividades de la otra comisión encargada de revisar el gasto público, también integrada por representantes del sector privado y público, se sabe muy poco y, al parecer, el avance es mínimo.